La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación de más de 1.000 niños que "son víctimas de ruptura familiar" por la actual crisis fronteriza con Venezuela. (Lea también Militares venezolanos llegan a la frontera)

"Hay una cifra que nos preocupa, que supera los 1.000 niños que hoy en día son víctimas de la ruptura familiar, es decir que el padre se quedó del lado venezolano y la madre en el lado colombiano o al contrario, o que los dividen siendo varios hermanitos", declaró a periodistas el defensor del Pueblo Jorge Otálora.

"Es un tema humanitario que hemos venido tratado con los homólogos de Venezuela a ver cómo se soluciona", dijo el encargado del ente que vela por los derechos humanos en Colombia.

La crisis fronteriza con Venezuela comenzó hace unas dos semanas, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de pasos fronterizos y decretó un estado de excepción en varios municipios limítrofes, tras lo cual han sido deportados más de un millar de colombianos.

La decisión fue tomada tras un ataque a militares venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando en el estado venezolano de Táchira, que el mandatario atribuyó a "paramilitares colombianos".

Desde la emisión del decreto, otros varios centenares de colombianos han huido de Venezuela por amenazas, según dicen, y temor a las deportaciones.

De acuerdo con Otálora, en medio de esta situación, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha recibido "1.242 quejas formales" relacionadas principalmente con abusos de autoridades venezolanas a la hora de ejecutar las expulsiones.

"Al día de hoy se han recepcionado 1.242 quejas formales por los deportados y por quienes han voluntariamente retornado al país", aseguró.

La crisis bilateral se profundizó el pasado jueves, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos a los damnificados.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.

Bogotá | AFP