El hacinamiento en La Parada, en Villa del Rosario, es una “bomba de tiempo” durante la extensión de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.

En los ‘paga diarios’, que son lugares que hacen las veces de hoteles improvisados, familias migrantes viven en confinamiento en este municipio que colinda con el puente Simón Bolívar. Otros están a su suerte en galpones, patios y terrazas, amontonados en decenas, en una carrera feroz por sobrevivir el día a día.

Por causa de la cuarentena, estas personas se han quedado sin posibilidad de sustento y el panorama es agudo: niños, adolescentes y adultos mayores sin alimentación, así como hombres y mujeres que deben salir a buscar sustento para sus familiares en una frontera apagada por el coronavirus.

La misma realidad se vive en las calles. Eva Pirela dijo sentirse muy preocupada por tener que lidiar con decenas de desconocidos, exponiéndose al contagio de una “enfermedad invisible”. “Aquí estamos muy asustados porque no sabemos quién puede estar contagiado”, expresó la mujer oriunda del estado Falcón, que llegó a Colombia hace un año junto con sus tres hijos de 20, 15 y 6 años y esposo.

La familia se instaló en Cali, pero la vida les cambió cuando por el confinamiento fueron despedidos de sus empleos. “El señor del arriendo dijo que no podíamos seguir ocupando la pieza donde estábamos. Así que, con la poca comida que teníamos, hicimos las maletas y llegamos hasta Villa del Rosario para regresarnos a Venezuela”, contó muy angustiada.

Relató que el ambiente es de incertidumbre al no tener acceso a los víveres porque algunos negocios permanecen cerrados. También deben convivir con otros 34 desconocidos que no usan tapabocas y tampoco manejan normas de higiene. Se encuentran amontonados entre hamacas y colchonetas, buscando algo de dinero para regresar a Venezuela.

Con la “hecatombe” migratoria, Diana Pertuz narró que el entorno en su residencia, detrás del colegio San Pedro Apóstol, se ha complicado por cientos de personas que no tienen cómo alimentarse y dónde vivir. La gran mayoría se mantienen del comercio informal como carretilleros y vendedores ambulantes. “Tengo 12 años aquí y me conmueve escuchar a los niños llorar por hambre. En ‘los paga diarios’ no cabe un alfiler, están repletos dentro y fuera y eso nos aterra por todo lo que pasa con esta enfermedad. Ahora es común escuchar las peleas de los dueños echando a los migrantes porque no tienen cómo pagar 10.000 pesos por quedarse en esas casas”, dijo Pertuz.

Otro agravante es el cierre de centros de ayudas. Los comedores sociales como la Casa de Paso Divina Providencia, donde se repartían 5.000 raciones diarias de comida a los más necesitados, paralizó sus actividades por medidas de seguridad debido al coronavirus, al igual que los albergues Casa Venezuela y el Centro de Atención Transitorio para Migrantes (Catm).

El sacerdote David Cañas, coordinador de la Casa de Paso, lamentó que muchas personas desesperadas acuden al comedor buscando comida, pero sigue cerrado.

Alcaldía tomó medidas

En días pasados, Eugenio Rangel, alcalde de Villa del Rosario, afirmó que el municipio asumió las medidas de los gobiernos nacional, y departamental y ha tomado decretos en esa jurisdicción para sobrellevar la emergencia sanitaria de la COVID-19, sin embargo, destacó la migración como un fenómeno que ha afectado la cotidianidad en esa zona.

En La Parada se efectuó un plan integral de atención en salud y de ayudas humanitarias a los habitantes, donde se encuentran unas 7.000 personas, de las cuales el 30% son menores de edad con altos niveles de vulnerabilidad. El padre Cañas añadió que el Gobierno distribuyó 5.000 mercados a la población vulnerable de ese sector.  

Desde el 14 de marzo han trabajado en conjunto las autoridades policiales y públicas, permitiendo el retorno de más de 31.000 personas a Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar. No obstante, mencionó que en La Parada y en la cabecera persiste el problema con tres tipos de población: migrantes, retornados y flotantes.

La autoridad local puntualizó que hay 37.000 migrantes solo en Villa de Rosario, el 30% de la población total; que es de 110.000 habitantes. Añadió que efectuaron un censo en las 34 manzanas del sector y lograron identificar un hacinamiento en las viviendas, de 50, 100 y hasta 350 personas, calificándolo de “preocupante”.

  
“Gracias a Dios no se ha presentado un caso (de la COVID-19) porque de presentarse se propagaría muy rápido porque son personas que están muy juntas”, sostuvo Rangel.
 
Lo que dice la OMS

Sobre este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el hacinamiento puede generar graves consecuencias en la población migrante e instó a los países donde se producen estos flujos de movilidad de poblaciones, incluirla en sus medidas sanitarias.

Mencionó que estas comunidades se enfrentan a desafíos y situaciones vulnerables provocadas por la pandemia, llevándolos a la pérdida de ingresos económicos, el desalojo de hospedajes y a una aglomeración en condiciones inhumanas sin contar con las herramientas para cumplir las reglas básicas de salud pública.

La OMS recalcó la importancia del derecho internacional en el que se debe garantizar que todos gocen el más alto nivel posible de salud, que los estados prevengan las amenazas a la salud pública y brinden la atención médica a quienes la necesitan, sin discriminación.

Por su parte, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre los migrantes que desean regresar voluntariamente y exhortó a las autoridades a garantizar su llegada.

“Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, subrayó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Recordó que, en general, quienes tratan de volver a sus países por vía terrestre, son los “migrantes más pobres (...), privados de sus ingresos” a causa del confinamiento impuesto por el coronavirus.

Desalojos, prohibidos

A pesar de que el Gobierno Nacional anunció el 1 de abril la prohibición de desalojos de familias de los arriendos mientras perdure la emergencia sanitaria, se han visto casos de expulsiones en el interior del país.
 La Defensoría del Pueblo recibió este tipo de queja de la Guajira, Norte de Santander, Arauca, Cesar, Nariño, Boyacá y Bogotá, y han buscado alternativas de conciliación con la presencia de la policía para que no los saquen a la fuerza. 

 
Felipe Muñoz, gerente para la atención integral a la migración de Venezuela, mencionó que están a la espera de un decreto del Ministerio de Vivienda en el que se establezca que las personas no pueden desalojarlas. “(…) Apenas salga (el decreto) se convierte en una norma de ley, de carácter superior, y en ese sentido dice claramente que a la gente no se le puede sacar de sus casas.

Ojalá las personerías puedan tener correos y contactos directos para que las personas interpongan sus denuncias”, expresó Muñoz.