¿De qué teme hablar el secretario de Tránsito? ¿Por qué eludió, incluso con su renuncia, someterse al sano, lógico, normal y obligatorio control político del Concejo?

Y, por otra parte, ¿por qué el alcalde le permitió a su amigo de muchos años y subalterno de confianza, burlar al Concejo y a la ciudadanía que tienen para ambos tantas preguntas como semáforos faltan en Cúcuta?

La intermitencia del servicio de más de 70 por ciento de la red de semáforos tiene a la ciudad sumida, desde hace varios meses, en la peor crisis de movilidad de su historia, y nadie responde por ello.

Esto, sin incluir los problemas por el transporte ilegal, el abuso permanente de los taxistas, el abuso de algunos que han privatizado las calles, el caos generado por los motociclistas y la corrupción que se rumora existe en dependencias del Tránsito como el parqueadero para autos sancionados e incluso las oficinas centrales de la secretaría.

Ardila incumplió tres citas con el Concejo: una sin razón; otra, por supuesta enfermedad, y la tercera, por su renuncia. Sabía que le preguntarían por el desastre semafórico, por el caos de la movilidad y por los rumores de supuestas actividades delictivas en dependencias a su cargo; por eso, nunca se presentó.

Pero, ¿desde cuándo la indignidad hizo nido en la secretaría de Tránsito y Transporte de Cúcuta, y desde cuándo se la tolera en las dependencias municipales? Porque una persona como el renunciante no es digno de la investidura que le otorgaron.

Un alcalde responsable y respetuoso de la ley y de las buenas maneras, cortés y  comprometido de veras con su comunidad, le hubiera explicado a Ardila que podía irse cuando quisiera, pero siempre después de responder al Concejo al que burlaron tantas veces. Uno, con su inasistencia reiterada a los debates, y el otro, con su decisión de respaldar a su confidente.

De parte de sus autoridades, la comunidad merece toda la consideración posible y el mayor respeto: sin los ciudadanos y el poder que confieren a través del voto no hay funcionarios. Estos se deben, en un todo, a quienes los eligieron.

Y, en el caso de Colombia, el Concejo es, en el municipio, el órgano a través del cual los ciudadanos pueden, según las normas, ejercer control sobre el alcalde y sus subalternos. Responderle a la comunidad a través del Concejo no es una decisión voluntaria del funcionario, sino una obligación fundamental. Por eso, eludir las citaciones para el control político, no es solo una desobediencia sino un irrespeto y una burla a todos los ciudadanos. Y tales actitudes merecen sanción ejemplar.

En la actitud del secretario y del alcalde de burlarse del Concejo ¿tendrá que ver, como sugieren ciudadanos en la calle, la no aprobación del proyecto de pignorar el fisco local a una alianza público privada?  Esto debería haber sido parte de lo que el secretario debería haber explicado.

La ida de Ardila traerá beneficios para la ciudad, pues se tendrá la oportunidad de nombrar en su reemplazo a alguien capaz, que entienda de lo que se trata el cargo, que sea responsable con la ciudadanía y que entienda que rendir cuentas no es un acto voluntario sino obligatorio.

Para ello, la administración local debe al menos tratar de comprender el nivel de indignación a la que la ha llevado la tragedia del tránsito cucuteño.