Darío Montes pagó 300 pesos por una fotocopia de su pasaporte en un local del Centro Cívico de San Antonio, 200 más de lo que pagaría si la hubiera sacado en Cúcuta. Quería llevarla consigo por si se la pedían al sellar su entrada a Venezuela en el puesto de control del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Tras 2 horas en la fila para certificar su entrada al país vecino -y esquivar a varios “gestores” que agilizan el sellado por 50 mil pesos- el caraqueño entró a un modesto restaurante que ofrecía bistec con arroz, ensalada y sopa a 8.000 pesos, hamburguesas a 5.500 y salchipapas a 3000. La gaseosa de 350 mililitros costaba 2.000.

Pidió el ‘corrientazo’ con una Pepsi para llenar el estómago, antes de partir hacia el aeropuerto Francisco García de Hevia, conocido como ‘La Fría’, donde lo aguardaba un vuelo hacia Caracas.

Se colgó su morral y caminó hacia la glorieta del centro de San Antonio -a solo un par de cuadras del Puente Simón Bolívar-, un espacio público invadido por hombres de todas las fisonomías y acentos venezolanos posibles.

Por trasladarlo hacia el aeropuerto en un viaje de dos horas (88 kilómetros) le pidieron 120 mil pesos. Rogó por una rebaja, pero todos los choferes se plantaron en la misma tarifa. Dos de ellos le dieron otro precio: 40 dólares.

A regañadientes pagó los 120 mil, el equivalente a 6 puestos en una miniván de Cúcuta a Pamplona, cuya distancia es de solo 12 kilómetros menos que la anterior.

Subió al Logan verde, modelo 2006, lamentándose: “Le llevaré los bolívares a mi familia en Caracas. Aquí nadie los quiere”. 

En las calles aledañas a la glorieta, vendedores informales ofrecen alimentos de la cesta básica, también en moneda colombiana. Un kilo de arroz de una marca nacional, por 4 mil pesos; un litro de aceite en 7.000, un cartón de huevos a 9.000 y una avena de 400 gr, por 2.000 pesos.

Ernesto Girón, un carpintero de 61 años, que ha vivido en San Antonio toda su vida, le replica a uno de ellos: “Hijo, eso en La Parada lo consigo más barato”.

Y en efecto, hasta la semana pasada, este tachirense optaba por cruzar el puente Simón Bolívar para abastecerse de alimentos y elementos de aseo en Villa del Rosario, con un ahorro, según afirma, de “hasta un 30%”.

Pero con el nuevo cierre de frontera, -indefinido hasta ahora-, a Ernesto le toca, como a cientos más, cruzar por las trochas y pagar 20 mil pesos por trayecto. “Si no fuera por los trabajos de carpintería que hago en Cúcuta, no tendría ni para comer”.

Así como Ernesto, miles de venezolanos se desplazan para prestar sus servicios en Cúcuta y recibir el pago en pesos. “Es la única manera que tenemos de comprar comida”, dice Laura Paz, quien arregla uñas a domicilio en Villa del Rosario.

Realidad paralela 

El desconocimiento del bolívar soberano como moneda de cambio es una realidad que se manifiesta en todos los sectores en los que se necesite hacer transacciones en efectivo, no solo en San Antonio, sino también en el municipio vecino de Ureña.

Más de 100 mil personas que habitan estos puntos de frontera se las ingenian para sobrevivir cada mes, pues el sueldo mínimo de 18 mil bolívares (equivalente a 18 mil pesos) se diluye en dos kilos de carne molida.

Solo en algunos minimercados aceptan bolívares por datáfono. Si el pago es en papel, las monedas que rigen son los pesos o los dólares. 

Hasta transportarse en las zonas de frontera resulta un calvario. Dentro del centro, un mototaxi cobra 1.500 pesos. Si el trayecto es hasta San Cristóbal, un carro por puesto pide 5.000. 

En San Antonio, los servicios médicos también se cotizan en moneda extranjera. Una consulta ginecológica en un consultorio privado, por ejemplo, tiene un valor de 40 mil pesos.

La hiperinflación que galopa sin control en Venezuela es la principal causa de este fenómeno, que se explica, según expertos, por la falta de independencia del Banco Central y la constante emisión de dinero inorgánico -es decir, que no está avalado por reservas internacionales ni oro.

En enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que la aceleración de la hiperinflación en Venezuela continuará y podría superar la tasa de los 10.000.000% en 2019, una cifra que la población no alcanza a dimensionar, pero que cada día los vuelve más pobres y vulnerables. 

“Este sería el escenario inflacionario que se va a dar si no hay cambios de políticas”, advirtió Alejandro Werner, director para América Latina y el Caribe del FMI.

Valor actual

El economista José Rozo, expresidente de Fedecámaras Táchira, asegura “que lo que está viviendo la población venezolana, es el efecto de una destrucción económica impulsada por Nicolás Maduro. De ahí que el bolívar no tiene valor interno, mucho menos afuera de Venezuela”. 

En la frontera, la moneda venezolana sí tiene un valor (cada vez menor) para particulares y casas de cambio que fungen como intermediarios ante los que necesitan pesos o bolívares. Estos ganan un diferencial que se rige por la oferta y demanda. 

Otros, más creativos, usan el papel moneda venezolano para convertirlo en artesanías y bolsos que traen a Colombia o llevan a otros países, para venderlos como piezas de colección. 

Frente al desafío de resguardar el patrimonio y los ingresos, Rozo recomienda la ‘pesodolarización’ de la economía familiar. “Hay que refugiarse en una moneda fuerte como el peso colombiano. Que los bolívares que reciban, sirvan para comprar pesos. De esa manera se protegen de la devaluación”. 

La única solución que ve Rozo “es un cambio de gobierno”. Ya que “hará posible la recuperación económica y el fortalecimiento de la moneda nacional”.

Don Ernesto, desde su carpintería, espera que “pase algo”. “No sabemos cómo sobrevivimos, esto parece un castigo de Dios”, finaliza.