En el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General contra la corrupción en el departamento de Santander, el ente acusador conoció que entre la Gobernación de dicho lugar y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada se suscribió un contrato para cubrir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor inicial de 23.000 millones de pesos y en el cual se encontraron distintas irregularidades. 

El contrato buscaba beneficiar a 82 municipios que no se encontraban certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes, reveló la investigación. 

Así mismo, las indagaciones confirmaron que “en septiembre del mismo año se realizó una adición de 6.700 millones y posteriormente se presentó una nueva por 5.200 millones de tal manera que el valor total del contrato ascendió a 35.744 millones”. 

Dichos dineros que favorecerían la alimentación de más de 124.000 estudiantes, presuntamente se habrían desviado. Por lo mismo, investigadores de la Fiscalía detectaron que “el pliego de condiciones del contrato fue presuntamente definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia”. 

Además pudieron constatar en los análisis de contabilidad que los almacenes para el suministro de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta de donde adquirían los mismos, “no existían, estaban inactivos o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica”. 

En medio de estas irregularidades se encontró que en el municipio de Acacías (Meta) se formalizó un contrato por 30 millones de pesos con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales “allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador es que los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales”. 

Igualmente, en el municipio de Tarqui (Huila) contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia, por 20 millones de pesos. “Los investigadores constataron que esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y en entrevista señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató”. Por otro lado, en Rovira (Tolima) supuestamente fue contratada la Asociación Familia Proyecto Al Futuro, 60 millones de pesos para el suministro de frutas. Allí se conoció que “los dineros fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los señalados contratistas vinculados a la investigación”. 

Sumado a esto se reveló que “en el pliego de condiciones del contrato se exigió un equipo mínimo de profesionales como requisito. Sin embargo, al verificar el personal presentado en la propuesta se determinó que dos de los profesionales nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa”. 

La Fiscalía determinó que “la Cooperativa y el interventor designado para el PAE en Santander asumieron el programara en los años 2016 y 2017, y se preparaban para contratar en el año 2018. En total, el peculado por las irregularidades detectadas sumaría 2.125 millones de pesos. 

Por estos hechos fueron capturados Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación Departamental; Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada. 

La Fiscalía les imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado y peculado por apropiación a favor de terceros y están presos.