El reconocimiento de la obligatoriedad de aplicar el Decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017 en jurisdicción de Cúcuta llegó cinco meses tarde, pues solo ahora el alcalde César Rojas declaró que como funcionario público no puede omitir su deber de acatar normas nacionales.

“El decreto está vigente y lo voy a demandar”, dijo. “Pero mientras, debo trabajar con otras autoridades para ver cómo vamos a activar el proceso, para que quienes quieran hacer la internación la hagan, hasta que un juez de la República suspenda el decreto”.

Sin embargo, en enero de 2018 ya había manifestado que si su llamado no era atendido por el presidente Juan Manuel Santos, demandaría el decreto ante el Consejo de Estado, situación que a la fecha no ha ocurrido, al menos no de parte del municipio pues quien estuvo este jueves en Bogotá efectuando el trámite, fue el secretario departamental de Hacienda, Martín Martínez.

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Si bien la administración municipal, al igual que la del departamento, reiteraron su rechazo al decreto, y se han interpuesto recursos para evitar aplicar la medida, solo ahora se iniciará un proceso legal. 

Así mismo, dado que solo restan 27 días para que se inicien las sanciones, el alcalde Rojas manifestó que con la cantidad de vehículos venezolanos, (cerca de 100 mil)  se solicitó una prórroga de seis meses, para poder abarcar esta cifra. 

El secretario local de Hacienda, Luis Javier Chaves, insistió en la demanda del decreto y dijo que al tiempo adelantarán acciones con las secretarías de Tránsito y Gobierno para cumplir la norma.

Sin embargo, dijo que requisitos como la certificación de Venezuela, en la que conste la legalidad de la matrícula o registro del vehículo el cual, salvo que haya apoyo de la Cancillería u otra autoridad para garantizar el cumplimiento de este aspecto, serán imposiblen de exigir.

“Eso es lo que pasa cuando las decisiones se toman desde Bogotá, sentados en un escritorio, sin ver la realidad de la frontera”, dijo el funcionario.

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Por ello, el martes habrá una reunión para abordar posibles soluciones para los cucuteños.

Por ahora, el papel de la Secretaría municipal de Hacienda consistirá en revisar los requisitos y documentos necesarios para adelantar la internación, con el apoyo de Tránsito, dada su experiencia en manejo de automotores.

Por su parte, el presidente del Concejo de Cúcuta, Jaime Marthey, manifestó que aunque la frontera no estuviese cerrada, el Gobierno Nacional estaba en mora de expedir esta medida, “porque nos acostumbramos a tener los vehículos venezolanos sin ninguna figura jurídica que amparara esa situación”.

Advirtió que a la fecha no ha sido notificada ninguna demanda y que el decreto tampoco está derogado, lo cual obliga a  las autoridades de las unidades desarrollo fronterizo  (municipios) a atender a los propietarios, y así como hay gente en desacuerdo con la internación, otros ciudadanos sí quieren acogerse a la medida.

Marthey espera que cualquier modificación al decreto ocurra antes del 27 de  junio pero, la prioridad es que los mandatarios hagan cumplir la norma y eviten que, eventualmente, recaiga en ellos alguna responsabilidad por no prestar atención oportuna a poseedores y tenedores de estos carros.

Para tener en cuenta

El decreto no afecta únicamente a Norte de Santander; también hay Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo en: Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada.

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Según el decreto, los vehículos internados temporalmente, sólo podrán transitar en el departamento al que pertenece la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo, condición criticada por la Alcaldía de Cúcuta, que promueve el tránsito libre por el país, aunque con límite de tiempo.

El diputado Hernando Ross afirmó que, en general, no hay oposición al decreto, pero sí se objeta que se destruya el patrimonio de los ciudadanos. Por ello,  el próximo 20 de julio se buscará que las regiones de frontera sean escuchadas en las comisiones terceras del Congreso.