La internación de vehículos venezolanos de modelos anteriores a agosto de 2015 que ruedan en municipios fronterizos, es un hecho.

Así lo confirmó el decreto 2229 del miércoles,  que lleva las firmas del presidente Juan Manuel Santos y de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Transporte, Germán Cardona, y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez. La norma da vía libre a los alcaldes de la frontera para que den cumplimiento a esta legalización, que era esperada desde hacía cinco años.

Esto quiere decir que los propietarios de vehículos (carros, motos o embarcaciones fluviales) con matrícula venezolana que tengan como domicilio Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia San Cayetano, Puerto Santander, y los demás que rueden en los demás municipios del departamento, tendrán seis meses a partir de la expedición del decreto para que cumplan con la internación ante las autoridades de Tránsito y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian).

El secretario de Hacienda de Norte de Santander, Martín Martínez, quien había librado una batalla jurídica con el Gobierno Nacional para que aprobara la internación de unos 25 mil carros y cerca de 30 mil motocicletas, dijo que es lo mejor que pudo hacer la administración del presidente Juan Manuel Santos, ya que con esto se pondrá orden a la circulación de este parque automotor que por décadas ha estado esquivo a las normas colombianas en cuanto tiene que ver con pagar impuesto de rodamiento.

“Era urgente que se resolviera este tema, porque actualmente desconocemos la trazabilidad de esos carros, por dónde entraron y quiénes son los propietarios”, dijo.

Según el mencionado decreto, la internación da origen a un impuesto del orden departamental, “pero el objetivo es que todos los municipios se beneficien, contrario a los comentarios, que afirman que el departamento quiere quedarse con el negocio”, aclaró el funcionario.

Para cumplir con la internación, el reto sería inscribir unos 210 vehículos al día, en seis meses. 

El funcionario agregó que el objeto de que el gobierno departamental lidere este proceso se debe a que  solo Ocaña, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Pamplona y Convención tienen oficinas de tránsito.

Martínez señaló que el decreto es claro en  precisar que solo podrán aspirar a la internación los vehículos que estaban en territorio nacional antes del 19 de agosto de 2015, cuando se cerró la frontera. Al ser indagado sobre qué pasará con los carros que no sean internados por sus propietarios, el funcionario dijo que serán objeto de sanciones, es decir, no podrán circular por el departamento.

Los vehículos internados no podrán circular fuera de Norte de Santander, ni ser destinados a prestar servicio de transporte público, dice la norma.

El decreto señala que la internación será por cinco años prorrogables una única vez por dos años más.

Sin embargo, Martínez señaló que después de ese lapso serán las autoridades de turno las que decían qué hacer al respecto.

Con el recaudo se facilitaría la recuperación de la malla vial de los municipios, mientras con el decreto de internación se legalizarían miles de propietarios que  no pagan impuestos, dijo.