Ocho meses de polvo y ruido de la maquinaria con la que se adelantan las obras del intercambiador de Atalaya tuvo que soportar César Barrera antes de que la Gobernación le planteara negocio por su casa.

Desde principios de 2015, antes de iniciarse la obra, le notificaron que una nueva carretera pasaría por su predio, por lo que debía negociar su bien con la Gobernación. Sin embargo la construcción empezó y ni a Barrera y ni a los cinco propietarios de los predios vecinos que iban a intervenir les hablaron de la compra.

Como no tenían para donde irse, las familias optaron por vivir al pie de la construcción.

Los primeros en desertar fueron los miembros de una familia que tenía un restaurante: vivían en arriendo y decidieron entregar la casa. Los dueños se quedaron sin esa entrada económica los últimos siete meses. Nadie quería tomar en arriendo, con la obra en marcha.

Sin embargo, Barrera, quién tenía un taller de repuestos, y su vecino Alexander Castellanos, propietario de una ferretería, se negaron a irse, pese a que sus negocios estaban a punto de quebrar.

Finalmente, hace un par de días la Gobernación les firmó una promesa de compra y los propietarios entregaron los predios para que la obra pudiera continuar.

Aunque la constructora ya demolió los predios, las familias no han recibido el pago, que resultó muy por debajo de lo que ellos esperaban.

*La Opinión