La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades con competencia con las comunidades indígenas, a fin de que se defina de una vez por todas una línea de atención que preserve los derechos de los indios Yukpa venezolanos que se asentaron en Cúcuta hace más de dos años.

El llamado se produce en momentos en que, de nuevo, se observa la presencia de mujeres y niños de esa comunidad mendigando en las calles de Cúcuta. Pero también, cuando se conoce el paradero de un miembro de esa comunidad que se encuentra desaparecido desde comienzos de noviembre.

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El procurador para las etnias, Richard Moreno, dijo que urge definir un derrotero para trazar la atención que se les debe dar a los Yukpa, en dirección a salvaguardar sus derechos.

En tal sentido fue el encuentro que Moreno sostuvo con las entidades que tienen competencia en Cúcuta con el tema, a fin de poner en práctica las instrucciones del procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez, en cuanto tiene que ver con el mejoramiento de la atención de esta comunidad.

Dijo que se acordó un nuevo encuentro con los representantes de entidades como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería, alcaldía, Instituto Departamental de Salud, cuerpos de socorro Policía, entre otros, del cual debe salir la hoja de ruta para la atención, al igual que el establecimiento de un canal de comunicaciones permanente con los yukpa, que decida una posición frente a su comportamiento en la ciudad.

Una exigencia que siempre han hecho las autoridades a los caciques de unos 400 indios yukpa venezolanos es que no utilicen los niños en labores de mendicidad, sin embargo, los siguen haciendo. En Ocaña, las autoridades crearon un comité que trabajará en labores prevención del trabajo infantil en esta comunidad.

En el nuevo encuentro también se abordará el tema de la seguridad de los Yukpa y la atención especial que se debe brindar a los niños que hacen parte de esa comunidad.

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Todos provenimos de la serranía del Perijá, dijo Reinaldo Romero, uno de los caciques del grupo que se encuentra asentado en un lote del barrio El Escobal, a orillas del río Táchira.

Se aspira a que con la intervención de la Procuraduría se ponga fin a la desatención con esta comunidad, pero también a poner reglas claras en cuanto a la permanencia y convivencia en Cúcuta, dijo Moreno.