El tiempo pasa y la alcaldía no da a conocer la versión definitiva del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, aprobada por el Concejo el pasado 3 de diciembre.

El suspenso crece con cada día que transcurre, y tras de ello cientos de cucuteños aguardan por la decisión que adopte el alcalde César Rojas en torno al articulado relacionado con la exigencia de estacionamientos para las viviendas de Cúcuta.

El problema, según  expertos en derecho urbano, es el tiempo que queda para hacer las eventuales modificaciones que sean necesarias en caso de que el mandatario local proceda a objetar el articulado de los estacionamientos.

Esto, a la postre puede jugar en contra de las reclamaciones que se han escuchado de distintos sectores de la ciudad, en el entendido de que aprobar el POT con la exigencia de parqueaderos  para las viviendas de interés social, no solo atentaría contra los nuevos proyectos que sobre la materia surjan en el corto plazo, porque se incrementaría en unos 20 millones de pesos el costo por unidad habitacional, sino contra el desarrollo urbanístico mismo de la ciudad.

El experto en derecho Urbano, Oscar David Acosta Irreño, explicó que cualquier decisión que tome el alcalde la puede dar a conocer en el marco del periodo constitucional (hasta el 31 de diciembre).

Dijo que si decide hacer objeciones al acuedo aprobado por el Concejo, las mismas deben ser por inconstitucionalidad o ilegalidad, o por invenveniencia.

Frente a la eventualidad de que Rojas no haga objeciones y sancione el acuerdo, cabría la posibilidad de que el próximo alcalde haga modificaciones al POT, Acosta respondió que esto no es tan sencillo como se cree, porque se trataría de un nuevo acuerdo.

Explicó que hay dos maneras de modificar un POT: mediante un proceso de revisión ordinaria, que se podría adelantar solo cuando termine el periodo de la próxima administración, es decir, dentro de cuatro años.

“No estaríamos en el escenario de una revisión ordinaria”, precisó Acosta.

La otra posibilidad es una revisión extraordinaria, que se da en dos circunstancias: 1. cuando ocurra un evento de fuerza mayor o fortuito, y  2. por una modificación excepcional del POT, que la puede emprender el alcalde en cualquier momento, pero para eso tiene que tener un documento de evaluación, en donde se tenga un seguimiento  de cuál es el impacto de la norma que se pretende modificar.

El experto señala que en este caso el tiempo que se emplee para tal misión no debe ser corto, pues se debe determinar si hay o no impacto. Y si el POT lo acaban de aprobar, cuál es el momento que se dispone para evaluar, se preguntó Acosta.

En el caso de la exigencia de los parqueaderos, esta decisión tendrá, según los constructores locales, implicaciones en los valores de venta de las viviendas de interés social, pues hacer un estacionamiento eleva el costo de la misma en 20 millones de pesos. 

Si se tiene en cuenta que el precio promedio de las VIS en la ciudad es de 94 millones de pesos, según cifras de Camacol Cúcuta, este valor ascendería a 114 millones de pesos, superando incluso el tope establecido por ley para el valor de las VIS ($111’795.660 cifra que corresponde a 135 salarios mínimos).

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Ganó el no

Y ni qué decir del estancamiento urbanístico que se presentaría para las zonas residenciales de estratos 1, 2 y 3, cuyos propietarios no tendrían posibilidad, por culpa de los parqueaderos, de emprender ampliaciones de sus predios, según lo denuncia la curadora urbana #1, Martha Liliana Nieto.

En un sondeo de opinión adelantado por este diario en las redes sociales Facebook y Twitter,  los cucuteños dejaron ver sus prevenciones de adquirir vivienda nueva de interés social.

A la pregunta de si en un proyecto de vivienda de interés social estaría dispuesto a pagar 20 millones de pesos más por tener parqueadero, 86 por ciento de los usuarios de Facebook dijeron que no, mientras que sí el 14 por ciento. Entretanto, con la misma pregunta en Twitter 77.9% dijeron no y 22.1% sí.