La Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió una solicitud de tutela presentada por la Veeduría Procuraduría Ciudadana Universidad Francisco de Paula Santander, Carlos Alberto Bolívar y José Becerra Vargas, en la que se pide amparar derechos presuntamente violados en el fallo proferido por la Sección Quinta de ese órgano de justicia que dejó en firme la elección de Héctor Parra en la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Los actores señalan que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de julio de 2019, dentro del medio control de nulidad electoral, incurrió en defecto sustantivo, procedimental y fáctico.

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Señala la Sección Primera que la solicitud presentada por los actores cumple con los requisitos establecidos en la ley.

En la solicitud de tutela los actores consideran que la Sección Quinta al expedir la sentencia de segunda instancia del 11 de julio de 2019, violó los derechos fundamentales (sobre las libertades y los derechos sin ninguna discriminación, el debido proceso y el acceso a cargos, funciones públicas y los principios constitucionales), los cuales se piden sean amparados.

En este orden, los actores le solicitan a la Sección Primera que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado proferir nueva sentencia de fondo dentro del proceso del medio de control de nulidad electoral que planteaba repetir el proceso de elección para la escogencia de un nuevo rector para el alma mater, ‘ante las presuntas irregularidades que rodearon la designación de Parra y que fueron de pleno conocimiento de las autoridades’.

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Se solicita además a la Sección Primera que adopte otras decisiones que pueda tomar con fundamento en las facultades concedidas por la ley.

En el fallo en primera instancia que se surtió en este proceso en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se declaró nula la elección de Parra, pero al ser llevada al Consejo de Estado, la Sección Quinta  rechazó la nulidad del proceso y dejó en firme la elección del rector. Ahora le compete a la Sección Primera del mismo órgano de justicia resolver la solicitud de tutela que formularon los actores demandantes.