Una acción popular interpuesta habitantes de Palmarito (Cúcuta) que buscaba proteger derechos colectivos a un ambiente sano debido al riesgo que implica el proceso de exploración de petróleo en la zona, falló de forma parcialmente favorable para las comunidades.

No se logró evitar que Turkish Petroleum International Company (Tpic) entre con su proyecto exploratorio, pero se establecieron condiciones para que la multinacional, Corponor, la Gobernación, la Anla, el ministerio de Ambiente y las alcaldías de Cúcuta, El Zulia y Sardinata garanticen la protección ambiental.

Según el fallo, sobre el que la comunidad analiza si apelará, entre las decisiones se destacan:

Ordenar al municipio de Cúcuta estudiar la subcuenca del caño Barrancas, perteneciente a la cuenca del río Zulia, para tomar decisiones apropiadas para su protección y los intereses de la comunidad, frente al impacto del proyecto de exploración.

Ordenar a Tpic proteger en tres meses los cuerpos de agua a menos de 30 metros de las carreteras, hacia las zonas de exploración y explotación. 

Ordenar a Tpic, la Anla y Corponor presentar un informe trimestral sobre el cumplimiento de la prohibición del desarrollo de actividades en las áreas de exclusión.

La alcaldía de Cúcuta deberá, en 6 meses, procurar el diseño, construcción, adecuación y funcionamiento de un acueducto para abastecer a la comunidad de Palmarito, y las veredas Monteverde, El Suspiro y La Hortensia.

*Turkish deberá cumplir inmediatamente con sus obligaciones de compensación por aprovechamiento y pérdida de biodiversidad en desarrollo del proyecto, y velar por el monitoreo y calidad del aire, como se estableció en la licencia que se le otorgó.

*También se deberá conformar un comité entre los actores populares, el ministerio de Ambiente, la Anla, Corponor, la Gobernación, las alcaldías de Cúcuta, Sardinata y El Zulia, y Wilfredo Cañizares, coadyuvante de los accionantes,  para hacer seguimiento a la sentencia.

*La Anla y Corponor deberán vigilar y controlar que se cumplan las obligaciones de la concesión de aguas superficiales.

Para Cañizares la acción popular deja un resultado inicial, pero la postura de la comunidad es unánime, en torno de la preservación del entorno.

Cañizares acompaña procesos de fortalecimiento de la comunidad, recordó que “la comunidad, en asamblea, decidió que todas sus acciones estarían destinadas a proteger el territorio, las zonas de reserva y de protección, y el recurso hídrico, porque sin agua no hay vida, no hay tierra, no hay nada”.

Así, se espera que la comunidad decida qué rumbo tomará en torno a la sentencia, pues están confrontados los intereses económicos de Tpic frente a una decisión tomada hace años, para garantizar el futuro de la comunidad, pues se entiende que “hay un ecosistema muy sensible producto de la falta de políticas institucionales, del fracaso de Corponor en cumplir con su mandato y su deber, y la gente sabe que cualquier intervención externa va a acabar con lo poco que hay”.

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Los temores

Además de la inquietud por el agua, dado que en la zona del proyecto (7.407 hectáreas) están las áreas de suministro hídrico de las que se sirven veredas de Cúcuta, Sardinata y El Zulia, la seguridad de los habitantes es otro temor, dada la presencia de diversos grupos armados, entre ellos el ELN, que ya comenzó a hacer presencia notoria.

Un proyecto petrolero, sumado a problemas como la minería ilegal, cultivos de coca en expansión y el uso del territorio por parte de grupos ilegales al servicio del contrabando y el narcotráfico, generará más conflictos.

Para Cañizares, “la situación social y de orden público en la región ha empeorado” y tanto Palmarito como Banco de Arena, hacen parte de las regiones de mayor complejidad y riesgo para comunidades, organizaciones y líderes, para el ejercicio de sus derechos.