La Procuraduría Provincial pareció despertar de un largo letargo y abrió una serie de investigaciones en Cúcuta por supuestas irregularidades en la actuación de funcionarios públicos. 

Uno de los casos es la renuncia presionada del Subdirector de transporte público y valorización del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), José Botello, firmada el 28 de febrero.

La Procuradora, Margarita Eslava Díaz, ordenó investigar lo expuesto en la carta de renuncia de Botello, en la que dice que bajo presión de la junta directiva del AMC fue obligado a firmar la autorización de un convenio de colaboración entre dos empresas de transporte urbano.

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La presión para que firmara, pese a criterios técnicos opuestos, provino de los alcaldes de Cúcuta, César Rojas; El Zulia, Elkin Caballero, y San Cayetano, Luis Agudelo.

Dicho convenio permite a Petrólea S.A.S trabajar en la ruta 3 (Pinar del Río-El Zulia), y a Transportes Tonchalá, en la 6 (Montebello II-centro-terminal).

Este martes, los buseteros de Trasan manifestaron a la altura de la redoma de Pinar del Río, porque Petrólea tiene dos días trabajando. Los conductores apostaron las busetas en la vía Los Patios.

“Entró Petrólea a trabajar en la ruta, y no llenó los requisitos legales, según lo expuesto por el propio subdirector, quien firmó ese permiso bajo presión. La actual ruta no llena los requisitos del Ministerio de Transporte, y a pesar de eso están trabajando ilegalmente. No tienen el número de busetas mínimo exigido… Estamos peleando la ilegalidad”, dijo Luis Enrique Jaimes, conductor.

La procuraduría también comenzó las averiguaciones por lo ocurrido en el proceso de licitación del centro de trauma y ortopedia que se pretendía construir en el Policlínico de Atalaya.

La convocatoria fue declarada desierta por la directiva de la ESE Imsalud. En ella participó un solo proponente. 

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El organismo municipal justificó la declaratoria por un problema de comunicación con uno de los miembros del comité evaluador de la licitación.

Las directivas de la entidad de salud estaban pasando por alto el decreto 1876, artículo 19 de 1994, donde se establece que se necesita la autorización especial del Concejo para este tipo de contratos.

Por el caso de valorización también se abrió una investigación, que comenzó el viernes. 

Sobre el cobro de valorización, el organismo de control no ofreció mayores detalles. Sin embargo, sobre esta contribución se han generado debates en el concejo relacionados con la falta de estudios previos a las obras a ejecutar que justifiquen la valorización.  

También se investiga el PAE de Cúcuta 2017, en el que se denunciaron irregularidades y el señalado supuesto responsable, Telésforo Blanco, fue dejado en libertad por vencimiento de los términos.
Y Botello por fin contestó

La respuesta que esperaba el Concejo de Cúcuta sobre la imposibilidad de los taxistas de obtener sus tarjetas de operación, al no estar incluidos en el censo metropolitano, finalmente fue resuelta por el subdirector del AMC, José Botello.

En su momento, el concejal Víctor Suárez cuestionó en qué parte de la norma nacional es de obligatorio cumplimiento pasar por dicho censo para obtener la tarjeta de operación, a lo cual Botello respondió que el censo físico y documental es de obligatorio cumplimiento dentro de la jurisdicción del Área Metropolitana, y aunque se reconoce que “el censo no puede ser perpetuado en el tiempo”, se aclara que la entidad dio “la mayor comprensión posible” a empresas y propietarios para que cumplieran el trámite, y que actualmente el AMC analiza algunos casos particulares, pues aún faltan vehículos por censar.