En la mañana de este martes la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, anunció que el ente acusador adelanta investigaciones en más de 30 municipios del país por la corrupción suscitada el denominado Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

“Se han iniciado varias investigaciones a lo largo de 35 regiones del país y se procederá a las respectivas órdenes judiciales en todos estos casos de irregularidades con trascendencia penal en el incumplimiento de los planes de alimentación escolar”, dijo la vicefiscal.

De acuerdo con Riveros, las personas y entidades que cometen irregularidades en el marco del Programa de Alimentación están incurriendo en un hecho castigado por el Código Penal.  “Yo creo que es muy importante entender que las irregularidades que se han presentado son irregularidades con trascendencias territoriales, es decir, los entes territoriales, los contratistas, los supervisores deben entender que cuando fallan en su deber de suministro de información en las diferentes modalidades, están incurriendo en un delito”. 

En el mismo sentido, aseguró la vicefiscal que los delegados de la Fiscalía trabajan en las respectivas órdenes judiciales para avanzar con las investigaciones, lo que sorprende a la funcionaria es que en muchos de los casos descubiertos, “los contratos se han firmado y operado irregularmente, y en otros ni siquiera se han ejecutado los recursos” que deberían suplir las necesidades de menores de edad en el país.