El recién expedido decreto de internación temporal de vehículos de matrícula venezolana estaría convirtiéndose, mucho antes de que se ponga en práctica, en letra muerta.

La sola solicitud de revocatoria directa del decreto 2229 de fecha 27 de diciembre de 2017, hecha informalmente por el alcalde de Cúcuta, César Rojas, bastó para poner en el congelador los alcances de la medida que busca poner orden al parque automotor de matrícula venezolana, cuya cifra, solo en la capital nortesantandereana, asciende a 55 mil vehículos.

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A esta misma causa se habrían sumado el resto de alcaldes del área metropolitana, en respaldo de la posición de Rojas en el sentido de que el recaudo del impuesto de internación lo hagan los municipios y no la Gobernación. Según el mandatario de Cúcuta, tal como quedó, el decreto viola la Ley de Fronteras.

“Queda todo frenado y empantanado, porque el decreto es muy claro al señalar que son los alcaldes los que deben convocar y dar inicio a la internación”, sostuvo el secretario de Hacienda del departamento, Martín Martínez, quien manifestó que el gobierno departamental no está en el esquema de quedarse con el recaudo del impuesto ni de quedarse con ningún impuesto. 

“Si las normas legales de Colombia dicen que es un impuesto para las unidades fronterizas (las alcaldías), no importa, así será, puesto que el único interés de la Gobernación es que se dé solución al problema social que reina en estos momentos con el parque automotor venezolano”, subrayó el funcionario.

Dijo que hay que hacer claridad en que el decreto no es departamental, sino del Gobierno Nacional.

Frente al tiempo que dura la internación (cinco años y una única vez prorrogables dos años), dijo que esto no significa que con voluntad política, que con gestiones parlamentaria y de los futuros alcaldes y gobernadores se pueda extender más tiempo.

Y dijo que el gobierno departamental no comparte que los vehículos queden amarrados a que no se puedan comercializar.

“Es una propiedad que queda por fuera del comercio, algo injusto ya que (los propietarios) van a estar pagando un tributo, que es una especie de impuesto de rodamiento”, dijo.

Martínez expuso que esperarán la decisión jurídica que se produzca de parte del Gobierno Nacional frente a la petición de Rojas, “y la respetaremos, salvo que, en el hipotético caso de que se produzca la modificación, es decir, que las alcaldía sean los que recauden, no está claro qué va a pasar con los vehículos ingresados después de 2015 a Cúcuta, que podrían ser unos diez mil”.

Esto obligaría a un decreto reglamentario, porque la idea es dar solución general a todos, y que a partir de ahí se produzca el control, puntualizó Martínez.

En el decreto de internación no está claro tampoco qué va a pasar con los otros 23 municipios que no cuentan con Tránsito en sus territorios, pero que hacen parte del área de integración fronteriza, como es el caso de Chinácota, San Cayetano, Ragonvalia, Herrán, entre otros. “Quién les cuantifica a ellos los carros para que recauden el impuesto”, se preguntó Martínez.

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Es un absurdo: Marthey

Para el presidente del Concejo de Cúcuta, Jaime Marthey, el decreto de internación temporal es un absurdo en cuanto a trámites y talanqueras, además de convertirse en un nuevo impuesto “prácticamente obligado, porque no hay cómo deshacerse de los vehículos actualmente”.

El concejal señaló que una vez más el Gobierno Nacional desconoce la realidad socio-económica de la frontera. Dijo que lo que se necesita es una norma que ampare el tránsito de los vehículos venezolanos para proteger la propiedad y el patrimonio de los habitantes, así como para tener bases de datos confiables que nos den herramientas en seguridad y se haga un corte que impida que sigan ingresando por las trochas. 

No sólo viola la Ley de Fronteras, sino que además va en contra de la realidad de las finanzas de los municipios de la región, dijo.