Las preocupaciones presupuestales del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) no cesan y, al borde del colapso, la entidad se vio obligada a volver a recurrir a otro llamado de urgencia, pero según su gerente, Juan Agustín Ramírez, la situación no puede seguir así, buscando recursos de urgencia en lo que calificó como un círculo vicioso. 

Esta vez, la alerta la generó la necesidad de 17 mil millones de pesos para el 8 de agosto, en vista de que el presupuesto llegó al límite.

“Nuestro presupuesto se alimenta del recaudo, que en este momento es muy bajo, porque las EPS no nos pagan lo que facturamos”, declaró el gerente. 

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Actualmente, las deudas están por encima de los 200 mil millones de pesos, pero según reiteró el funcionario, “si nos pagaran no tendríamos ninguna afugia”.

El otro dolor de cabeza, sigue siendo la facturación por pacientes venezolanos, por cuyas atenciones la cuenta va en 24 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional solo ha girado 2.100, es decir queda una deuda de 22 mil millones.

A lo anterior, se une el recaudo de la estampilla pro-hospital que para el año anterior, dejaba 10 mil millones de pesos, pero con la modificación hecha por la Gobernación, solo se han recaudado 4.800 millones de pesos.

Finalmente, está la inclusión de la UCI, cuyos gastos no se previeron en el presupuesto aprobado en diciembre del año anterior, y que genera costos mensuales de dos mil millones de pesos.

Por este concepto, “hemos facturado $19 mil millones pero solo nos han pagado $6 mil 500”, agregó Ramírez.

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“Todos estos factores hacen que, si no hay quién nos pague, nos colapsamos porque los gastos son permanentes”, dijo. 

Además, quedan las obligaciones administrativas y asistenciales por casi 1.200 empleados, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, por factura de energía eléctrica el hospital paga 130 millones de pesos mensuales.

Así las cosas, “nuestras arcas se siguen deteriorando y no hay quién responda”, afirmó, y enfatizó en que “si nos pagaran lo que producimos, estaríamos sin ningún problema, y ese es el reto que tienen el nuevo presidente (Iván Duque) y el nuevo ministro, de ver cómo se le pone orden a esta situación”.

Aunque la crisis actual fue resuelta por la Gobernación con recursos propios y excedentes de la estampilla prohospital, con el visto bueno para que se haga uso de ellos, y se presentará al Instituto Departamental de Salud un documento para demostrar la inversión que se requiere, principalmente en especialistas, el funcionario admitió que esto no puede ser continuo.

“Cada rato nosotros denunciando lo que pasa, pero no pasa nada”, dijo. “Lo lógico es que la prestación del servicio fluyera de manera normal”, y así el sistema lograría estabilizarse pero “eso solo lo logra la voluntad política”.

Al respecto, expresó que en general los problemas se han tenido que resolver desde lo local, cuando casos como el de las deudas de las EPS son un problema nacional, y recordó que actualmente hay tres EPS (Ecoopsos, Comeva y Saludvida) que adeudan más de 60 mil millones de pesos.

“Solo pedimos que se cumpla la ley, que determina que cuando usted factura a una EPS, esta tiene la obligación de pagar mínimo el 50 por ciento de lo que se les radica, y ni siquiera eso se ha logrado”, dijo, pues con estos recursos al menos se tendrían 30 mil millones de pesos con los que se aliviaría la entidad.

Llamado a emergencia

Dadas las condiciones de los centros de salud, el presidente del Concejo de Cúcuta, Jaime Marthey recordó el llamado que se formuló desde la corporación para que se declare la emergencia sanitaria, debido a la capacidad desbordada de las entidades.

“La poca parte operativa en términos de atención de urgencias se está quebrando”, dijo. “Ya se han cerrado seis clínicas en la ciudad”.

Agregó que para las entidades de salud “ya no es rentable prestar servicios porque las EPS no están pagando, y el Hospital Erasmo Meoz arrastra una deuda enorme de tres años de frontera cerrada y atención a inmigrantes”, razón por la que instó a la secretaría de Salud de Cúcuta a generar la alerta y al IDS, exigir a la Superintendencia y al ministerio que responda “hasta cuándo habrá que sostener estas condiciones”.