Siete de cada 10 partos que se atienden en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) son de venezolanas. La proporción de atención ha ido creciendo drásticamente en los últimos cuatro años en el área de ginecología y obstetricia. 

Uno de estos siete partos fue el de Karelis Burgos, de Barquisimeto, quien desde hace un año vive en Colombia. En abril pasado trajo al mundo a una niña prematura en el hospital, y cuenta que en el centro de salud los cuidados han sido muy buenos.

“No solo se trata de que hayan insumos y medicamentos, sino de la calidad humana que te brindan las enfermeras, doctores, especialistas”, dijo.

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La niña de Karelis además estuvo recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y dentro del programa Madre Canguro Ambulatorio. “También le hicieron unas intervenciones quirúrgicas”, precisó.

El departamento de Ginecología y Obstetricia del Meoz ha sentido el impacto de la crisis migratoria, y las cifras así lo demuestran.

Hasta julio de este año las cifras indican que iban 3.189 partos, de los cuales 2.400 fueron de venezolanas, esto representa el 75,2%. Mientras que el año pasado se registraron 5.324 partos en el Meoz, y de ese total 2.944 partos fueron a inmigrantes del vecino país, es decir, el 55,3%. Los números de este año ya casi alcanzan el total de los partos de 2018.

Años anteriores a 2018 la situación no era tan alarmante. Para el 2017 en el hospital se registraron 4.637 partos, de los cuales unos 734 fueron de madres venezolanas; mientras que en el 2016 se contabilizaron 4.072 partos, de los cuales apenas 212 fueron de mujeres venezolanas (representa el 5,2%).

El director del Hospital Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez, explicó que la atención a las parturientas venezolanas está desbordada y la capacidad de respuesta del centro de salud es cada día más estrecha.

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“En los últimos tres meses el 75 por ciento de los partos en el hospital son de venezolanas, y eso dificulta la atención de las conciudadanas”, dijo. 

Las estimaciones indican que la cifra se duplicará al finalizar este año.

“Muchas mujeres que no viven acá se vienen solo a tener a sus hijos, porque en los hospitales de Venezuela no hay garantía de nada, y eso les da temor”, dijo Karelis.

Pago de la cartera

Por otra parte, el director del hospital aseguró que los recursos asignados por el Gobierno Nacional por las atenciones de los venezolanos aún no han sido asignados.

“Hemos tenido dificultades con el giro del dinero por atenciones a los venezolanos que envió hace un mes el Gobierno nacional. Los argumentos del IDS (Instituto Departamental de Salud) es que han tenido problemas con los auditores, y no nos han auditado todo y hasta tanto no estén auditadas todas las cuentas no nos van a enviar ese recurso. Yo tengo discrepancia en esa discusión que me parece es de forma y no de fondo, porque la deuda del hospital asciende a los 56.000 millones de pesos”, dijo Ramírez.

El director del IDS, Juan Alberto Bitar, explicó que el último giro que hizo el Gobierno  fue de 23.714 millones de pesos y aseguró que para entregar estos recursos deben cumplir con un proceso de auditoría enmarcado en el Decreto 866 de 2017.

“Este proceso de auditoría se está haciendo  en una forma ligera, pero nos hemos encontrado con algunos cobros que no dan a lugar, y al hallar estos cobros nos toca hacer una observación factura por factura para analizar qué está pasando, y el grupo de facturación (del hospital) debe dar respuesta”, dijo.

Bitar aseguró que igualmente van hacer entrega de los recursos, pero sostuvo que dicho proceso de auditoría se está haciendo en todos los centros de salud que están prestando servicios a venezolanos. 

Dijo que esta semana empezarán a hacer algunos pagos, pero que seguirán mostrando los errores que se están cometiendo al momento de hacer la facturación en estos casos. Indicó que muchos de los errores son de digitación del facturador.

Bitar precisó que el IDS no está exigiendo que los venezolanos atendidos en las urgencias presenten algún documento que los regularice en el país. “Cualquier paciente que sea de Venezuela se debe atender. Lo único que se les pide es una certificación por trabajo social donde se indique que esta persona no tiene capacidad para pagar ese servicio”, dijo.