Aunque la Central de Transportes Estación Cúcuta tiene el ciento por ciento de sus metas cumplidas, según el avance previsto en el plan de desarrollo, su informe de gestión desde 2016 da cuenta de que algunos de sus empleados y las mafias constituidas enlodan los avances.

Así lo dio a conocer el gerente de la entidad, Óscar Sandoval, quien señaló la falta de sentido de pertenencia “y cuando se les hace los respectivos llamados de atención para que asuman los deberes propios de sus funciones no los acatan, se sublevan y son irreverentes con sus jefes inmediatos”. 

Así mismo, el gerente indicó que la presencia de arrastradores e intermediarios que generaron una “mafia” dentro y fuera de las instalaciones también resultaron en amenazas en su contra, las cuales ya son de conocimiento de las autoridades.

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En este sentido, expresó que la condición social  y económica de la ciudad hace que muchas personas busquen sus ingresos económicos con trabajo informal en la Central, situaciones que promueven el desorden y afectan la operatividad.

“Se escudan en organizaciones sindicales para realizar actividades ilícitas que generan inseguridad, pérdidas a las empresas transportadoras, conductores y no permiten que los pasajeros tengan tranquilidad a la hora de escoger su servicio preferido”, señala en su informe.

Además, teniendo en cuenta las observaciones de la Superintendencia de puertos y transportes que muestran incumplimiento del 70 por ciento, “se hace necesario tener un presupuesto que solvente los gastos para ejecutar  el plan de mejoramiento”.

En este sentido, se admite que “la planta física de la central está muy obsoleta para prestar un servicio seguro y de calidad”.

Las finanzas

La asignación irregular de competencias fue uno de los hallazgos de la gerencia, y según los datos del informe, “encontramos que la oficina financiera manejaba la contratación de los arrendamientos de los locales comerciales de la Central; esto impedía que la entidad asegurara que los contratos de arrendamientos contara con todos los requisitos legales para asegurar los pagos de los cánones de arrendamiento”. 

Lo anterior es de conocimiento de las autoridades, y adicionalmente se adelantan acciones de restitución de bien inmueble arrendado para recuperar todos los locales y ponerlos en manos de arrendatarios con garantías de pago.

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El gerente agregó que en materia financiera, si bien la condición no es óptima, la aplicación del rediseño institucional, que suprimió 21 cargos: 15 de carrera administrativa y 6 provisionales, permitirá una reducción de gastos fijos anuales de 745 millones de pesos.

También, se actualizó el manual de cartera que derivó en la ejecución el cobro persuasivo en más de 388 procesos; 18 acuerdos de pago, y un recaudo efectivo de 48 millones de pesos, entre 2016-2017.

En la administración anterior, “no se produjo ningún recaudo al respecto, por no haberse puesto en ejecución el manual de cartera”.

Otros aspectos 

En relación con las demandas de la Central, se explicó que tiene impetrados 442 procesos judiciales y administrativos.

De estos, 240 son cobros coactivos administrativos; 74 demandas de restitución de bien inmueble arrendado, y 74 demandas de reconocimiento de prueba extraprocesal. 

Además de la revisión de los procesos en curso en los despachos judiciales, se evitó por tutela el pago de una indemnización de más de 500 millones de pesos. 

La entidad dice estar al día en compromisos tributarios y saneando compromisos de vigencias anteriores por 15 millones de pesos, por concepto de IVA.

En materia de la reorganización, se explicó que la Central de transporte pagó en 2011 un estudio por 200 millones de pesos que confimó la insolvencia de la misma.