Mientras Oscar Vargas, gerente de la construcción de la embargada terminal de transporte que se pretende en la vía a Puerto Santander, confía en que la Alcaldía mantendrá la alianza para llevar a feliz término el proyecto, el alcalde, César Rojas, designó un abogado para formular una querella ante la Superintendencia de Sociedades para liquidar la sociedad.

Incluso, la contralora municipal, Blanca Cruz González, le notificó a Vargas, en el sitio donde se desarrolla el proyecto, el inicio de una indagación preliminar para abrir una investigación que determine si en la obra hubo o no detrimento patrimonial en contra del municipio.

“Vinimos a inspeccionar qué obras hay en el campo, qué se ha construido, qué no y cuánto tiempo falta”, dijo Cruz al llegar, y señaló que Vargas le detalló que de las 20 hectáreas que abarca el proyecto se han intervenido seis.

También, que la inversión es de entre 30 y 33 mil millones de pesos.

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El lote es del municipio, que en la sociedad ha aportado 2 mil 800 millones de pesos, explicó Cruz.

Al ser indagada sobre qué se conocía del estado jurídico del proyecto, Cruz señaló que el representante de la construcción no dio razón alguna. 

“Nos da la impresión de que el problema entre los miembros de la sociedad es económico”, dijo.

No obstante estas condiciones, Vargas se aventuró a decir que no hay riesgos que impidan que el proyecto finalice con éxito, para darle a Cúcuta la más moderna terminal de transporte de Colombia.

Explicó que tras más de dos años de parálisis de los trabajos, en el terreno se tiene construida toda la infraestructura sanitaria, hidráulica y eléctrica, al igual que la red vial. 

Añadió que falta 36 por ciento de las columnas, para la construcción de una placa del primer nivel, con lo cual se podría poner en funcionamiento la terminal.

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Sin embargo, al ser indagado por el embargo de la Dian que pesa sobre la sociedad que desarrolla el proyecto, por asuntos relacionados con impuestos, Vargas respondió que se interpusieron el recurso de reposición que ofrece la ley.

“Hay necesidad de refinanciar el proyecto y existe mucho optimismo de nuestra parte para que la Alcaldía continúe dentro de la sociedad de la cual también hacen parte Vargas Velandia Ltda., la Universidad La Gran Colombia, Jerc S.A., la Terminal de Transportes de Chiquinquirá S.A. (Boyacá), Inmobiliaria Atrium S.A. y Cooguasimales.

Vargas se ratificó en que el proyecto se tuvo que replantear para ajustarlo a las especificaciones técnicas que demanda el transporte de carga y pasajeros.

Esto, sumado a las obras que se han ejecutado, ha demandado una inversión aproximada a 33 mil millones de pesos.

Qué ha hecho la Alcaldía

El año pasado, el alcalde, César Rojas, contrató una consultoría para hacer un inventario de los bienes de la Sociedad de transporte de carga y pasajeros de Cúcuta y un avalúo para determinar cuánto se lleva invertido en este proyecto.

Con estos elementos, a comienzos del presente año dio poder a un abogado para que formulara una querella ante la Superintendencia de Sociedades contra el representante legal del proyecto.

Rojas le dijo a La Opinión en esa oportunidad que el interés era buscar la liquidación de la sociedad, que estuvo al frente de la construcción de la nueva terminal.

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La contralora, Blanca Cruz González, señaló que cuando asumió el cargo no encontró ninguna investigación abierta por el proyecto de construcción de la nueva terminal de transporte, solo una auditoría.