El atreverse a denunciar hechos de presunta corrupción en el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), en los cuales están involucrados cinco alcaldes, le significó a José Gregorio Botello, subdirector de Valorización de la citada entidad, la cancelación de su contrato de trabajo.

Era lo que se preveía que sucedería, atinó a decir Botello al recibir el pasado viernes la notificación de su despido, firmada por su jefe inmediato, Patricia Gallego, contra quien él interpuso una denuncia en la Procuraduría y otra en la Fiscalía, por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad, por omisión de denuncia y falsedad ideológica en documento público, entre otros.

Además de Gallego, también fueron vinculados al proceso los alcaldes de Cúcuta, César Omar Rojas; Los Patios, Diego González; El Zulia, Elkin Caballero; San Cayetano, Luis Javier Agudelo, y el del Puerto Santander, Henry Valero.

El hecho que dio origen a las denuncias de Botello se produjo en febrero, cuando, según denuncia que interpuso ante la Fiscalía, los cinco alcaldes antes citados lo obligaron a firmar un convenio de colaboración empresarial entre las compañías Transportes Petrólea SA y Transportes Tonchalá SA.

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Por ese motivo, Botello presentó renuncia a su cargo (en ese entonces, de subdirector de transporte), pero no le fue admitida en esa oportunidad.

En la denuncia ante la Fiscalía, Botello expuso que dicho convenio no era viable ni técnica ni jurídicamente, por no cumplir con los requisitos de ley, pero pese a ello fue forzado a avalarlo, eso sí, dejando constancia explícita de que la autorización “se otorga por presión de la junta metropolitana”, efectuada el 28 de febrero de 2018.

Luego de esta denuncia, los alcaldes desataron una persecución en su contra, a tal punto que finalizando octubre, en reunión de junta directiva del Área Metropolitana, aprobaron una resolución, la 155 del 24 de octubre, en la que se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales del Área Metropolitana, dirigida a quitarle a Botello las facultades en la subdirección de Transporte.

Las facultades der tomar decisiones le fueron asignadas a la directora del Área Metropolitana, Patricia Gallego.

Ante el hecho de que el proceso ante la fiscalía se instauró el 13 de abril, pero solo hasta el pasado 14 de septiembre fue asignado para darle curso, Botello le solicitó al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, el traslado del mismo a Bogotá, argumentando que no existen garantías en Cúcuta por cuanto el exesposo de Gallego,  Alfredo Omaña Granados, se desempeña en la actualidad como fiscal noveno delegado ante los jueces del circuito.

Asimismo, Zuleima Amparo Cruz Gaona, esposa del actual alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas, funge como fiscal especializada en esta ciudad.

Dos días después de conocerse esta petición ante el órgano de justicia, la directora del Área Metropolitana, expidió la resolución 158, del 9 de noviembre, declarando insubsistente a Botello en el cargo de subdirector de esa entidad.

Con la solicitud al Fiscal General para que traslade el proceso a Bogotá, Botello también amplió la denuncia contra Gallego, señalando que se había expedido irregularmente un nuevo manual de funciones y requisitos del Área Metropolitana para despojarlo de sus funciones.