El incumplimiento de una serie de compromisos pactados de años atrás para poner fin al grave problema de contaminación que se registra en el río Zulia por el vertimiento de las aguas residuales de occidente, condujo a la Procuraduría Agraria a instaurar una acción popular  contra la alcaldía, Corponor, Eis Cúcuta y Aguas Kpital.

Según el ministerio público, por esta omisión en que presuntamente incurren las partes antes señaladas, se vulneran los derechos e intereses colectivos, y el goce a un ambiente sano.

Se refiere a que no se tienen definidos aun los diseños y estudios para la estructuración de los proyectos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las quebradas  La Tonchalera y Quebrada Seca.

La acción popular fue interpuesta por el Procurador 16 Judicial II Ambiental y Agrario de Cúcuta, Jaime Alberto Gómez Montañez, y la misma fue admitida por el Juzgado sexto Administrativo de Cúcuta.

De acuerdo con datos de las autoridades ambientales de Cúcuta, el 24 por ciento de los vertimientos de aguas negras del occidente cae directo al río Zulia, sin tratar, razón de peso suficiente para que las autoridades hayan actuado con eficacia y contundencia en la reparación del grave daño ambiental que se le está ocasionando al citado afluente, dijo el Procurador Agrario.

Esta solución, la de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, debe estar ligada al cumplimiento de los lineamientos ambientales definidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, que tampoco tiene listo la alcaldía, y que debe ser aprobado por Corponor.

Para el Ministerio Público, aunque existe un terés declarado de Corponor y la alcaldía actual en que estas soluciones se cumplan, el tiempo pasa y no se logran concretar las soluciones, asegura la Procuraduría.

Los cálculos que se tienen del costo de ambas plantas oscila entre los 130 y 140 mil millones de pesos.

Para la Procuraduría  Agraria el propósito de la acción es el de que exista una presión judicial extra para que se pueda llevar a un final feliz el tratamiento de las aguas negras y se frene la contaminación del río Zulia.

El juzgado Sexto tiene diez días para resolver de plano la Acción Popular.

 Por la quebrada La Tonchalera se vierten directo y sin tratar las aguas negras del occidente de Cúcuta al río Zulia.

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Evalúan caso Cerro Mono

En la Procuraduría Agraria se cumple hoy una audiencia para evaluar en qué términos avanza el cumplimiento de acciones  ordenadas por la Corporación Autónoma Regional para la Frontera Nororiental (Corponor), en la zona de Cerro Mono (corregimiento de Palmarito).

La cita está pactada para las 9 de la mañana, y a la misma asistirán la alcaldesa de Tibú, Corina Durán;  el secretario de Gobierno de Cúcuta, Francisco Javier Cuadros, y el representante de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares.

El propósito es evaluar el cumplimiento de la medida emitida por Corponor, en abril del año pasado, en la que se ordenó la suspensión inmediata de las operaciones mineras,  el empleo de las vías y la destrucción de las bocaminas, esto último, según información que reposa en la Procuraduría Agraria, no se ha cumplido.