La Alcaldía de Cúcuta radicó el recurso de apelación tras el fallo del Juzgado Administrativo Tercero Oral de la ciudad, que decretó una medida cautelar contra el acuerdo municipal del sistema de cámaras de fotomultas.

El Secretario General de la Alcaldía, Hugo Márquez, explicó que en la decisión del juez no existe una precisión sobre qué es lo que se va suspender. “Este recurso de apelación se da porque encontramos una serie de falencias en la decisión de la suspensión”, dijo.

Detalló que dentro de la parte considerativa del fallo se habla de que se busca prevenir un daño, “pero ¿qué daño?. Y lo plantean por la moralidad y patrimonio pero se revisa el texto y hay citas y citas, pero ¿dónde existe la relación entre la decisión y la falta de moralidad?”, se preguntó Márquez.

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El funcionario precisó que el recurso de apelación está apoyado en la interventoría hecha al contrato de concesión de Tránsito, y en el cual le plantearon al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que revise de fondo si está dado lo establecido por el juez, o lo planteado por el municipio. 

“¿Qué se va suspender si el acuerdo ya está aprobado, y uno suspende efectos futuros, no en pasado? ¿Cómo se suspenden los efectos del acuerdo que ya se cumplió? ¿Eso se puede suspender?”, son entre otros los interrogantes que se plantea el funcionario.

Además, indicó que la suspensión de los efectos del contrato de concesión N° 2465 del 6 de diciembre de 2017, a través del cual se le otorgó al Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta los servicios complementarios de tránsito en la ciudad, no solamente contempla las fotodetecciones sino una serie de actividades establecidas en el objeto contractual del mismo.

Detalló que como parte del contrato también está establecido la instalación de la nueva red semafórica, todos los procesos del registro automotor en la ciudad, licencias de conducir, registro de accidentes, entre otros. “Hay una serie actividades que ya se hicieron, ¿cómo se suspende eso que ya se hizo?”, insistió Márquez. 

Este recurso de apelación entra ahora a ser revisado por el juez, y este lo concede al Tribunal que admite el recurso para luego proceder a su análisis y emitir un veredicto en segunda instancia.

Hay que recordar que la polémica surgió porque la Secretaría de Tránsito del municipio informó, a principio de semana, que las fotomultas siguen funcionando.

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Frente a estas declaraciones, el ex alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, autor de la acción popular, reveló que interpuso ante el citado juzgado un recurso de desacato judicial contra el alcalde César Rojas, el secretario de Tránsito y el representante de la concesión de Tránsito.

Fallo del juez

Hay que recordar que el Juzgado Administrativo Tercero Oral de Cúcuta ordenó primero suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo Municipal 016 del 10 de julio de 2017, expedido por el Concejo Municipal. Por medio de este acuerdo se faculta al alcalde para celebrar todos los contratos necesarios para el ejercicio de las autorizaciones concedidas por el término de un año, a partir de esa fecha.

Asimismo, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos contentivos del proceso de selección abreviada de menor cuantía número ST-SAMC-007-2017, cuyo objeto contractual fue entregar en concesión a un particular los servicios complementarios de la Secretaría de Tránsito.

También, señala la suspensión provisional de los efectos de la resolución N° 0883 del 5 de diciembre de 2017, proferida por la Alcaldía; y del contrato de Concesión N° 2465 del 6 de diciembre de 2017.

Cámaras aprobadas

El Ministerio de Transporte aprobó para la ciudad 13 puntos de fotodetección, con 18 cámaras, de los cuales ya funcionan de manera sancionatoria siete.

Cada vez que las cámaras de fotomultas captan a un infractor, la Policía de Tránsito, a través de uno de sus funcionarios, valida la información y el desacato para notificar al ciudadano del comparendo impuesto. La notificación de la multa se hace vía correo electrónico. El consorcio, tras solicitud de la Alcaldía, ha puesto en operación las cámaras de forma progresiva.

La etapa pedagógica se ha cumplido en un lapso de 30 días, para posteriormente ponerlas como sancionatorias.

Hasta este viernes, las fotomultas seguían vigentes.