Quedan suspendidas temporalmente las fotomultas en Cúcuta, tras la decisión del Juzgado Administrativo Tercero Oral de la ciudad que decretó una medida cautelar contra el acuerdo municipal del sistema de cámaras de fotomultas y la entrega en concesión de los servicios de la Secretaría de Tránsito de Cúcuta.

La solicitud fue hecha a través de una acción popular instaurada por el exalcalde Donamaris Ramírez.

La decisión, publicada en el sitio web de la rama judicial, ordena primero suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo Municipal número 016 del 10 de julio de 2017, expedido por el Concejo Municipal.

Por medio de este acuerdo se facultó al alcalde para proferir los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el ejercicio de las autorizaciones concedidas por el término de un año, a partir de esa fecha.

El juzgado además ordenó la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos contenidos en el proceso de selección abreviada de menor cuantía número ST-SAMC-007-2017, cuyo objeto contractual es la de entregar mediante la modalidad de concesión, a un tercero público o particular, los servicios complementarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio San José de Cúcuta.

También, señala la suspensión provisional de los efectos de la resolución N° 0883 del 5 de diciembre de 2017, proferida por la Alcaldía; y del contrato de Concesión N° 2465 del 6 de diciembre de 2017.

Este último firmado con el Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta, por un monto de 19.089 millones de pesos. Con este contrato la Alcaldía entregó en concesión los servicios de tránsito de la ciudad por 20 años a este ente privado.

Como parte del objeto contractual firmado entre ambas partes está la modernización de la red semafórica de la ciudad, la implementación del sistema de fotomultas, la aplicación y administración de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) en la ciudad, que aún no se han empezado a aplicar.

Donamaris Ramírez explicó días atrás que las demandas instauradas se sustentan en los presuntos vicios que se presentaron durante el trámite de las autorizaciones en el Concejo.

“El litigio se soporta en que existen inconsistencias, las cuales se demuestran con fallos del Consejo de Estado que hoy son líneas jurisprudenciales y en consideraciones técnicas con las que se empieza a dar una batalla legal”, dijo.

Además, conformó un movimiento de voluntarios que viene recogiendo firmas para respaldar la demanda.

El asesor jurídico del consorcio, Didier Rodríguez, explicó que la concesión no es parte del proceso, porque “no somos los demandados. En consecuencia no podemos pronunciarnos al respecto. Es la Alcaldía la única competente para el efecto”.

Tras ser consultado por la decisión del juzgado, el Secretario General de la Alcaldía, Hugo Márquez, indicó que ya el municipio fue notificado, y que el fallo es una decisión en primera instancia.

Sostuvo que la próxima semana la administración interpondrá dos recursos: el de reposición y el de subsidio de apelación contra el fallo.

Dijo que lo más importante, por ahora, es que la medida no está en firme.

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Cámaras aprobadas

El Ministerio de Transporte aprobó para la ciudad 13 puntos de fotodetección, con 18 cámaras, de los cuales ya funcionan de manera sancionatoria siete.

El consorcio estaba  colocando durante 30 días la etapa pedagógica de los equipos y posteriormente pasaban a la etapa sancionatoria.

Y según los datos que manejaba el consorcio (en la etapa pedagógica), las principales infracciones cometidas en la ciudad eran pasarse el semáforo en rojo y amarillo, no tener la revisión técnico-mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vencidos, y no usar el cinturón de seguridad.

Sin embargo, estos dispositivos electrónicos fueron calibrados para captar aproximadamente 14 tipos distintos de multas  establecidas en el Código de Tránsito.