El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se tramita desde el 8 de octubre, en el Concejo de Cúcuta, sigue ‘calentando’ los ánimos entre la administración municipal de César Rojas y algunos sectores de la ciudadanía.

El clima de confrontación quedó evidenciado en el segundo cabildo abierto, que se adelantó ayer, con el fin de que la Secretaría  de Planeación respondiera los 44 cuestionamientos de ingenieros, sectores económicos y asociaciones civiles, quienes objetaron  varios puntos del POT, durante la discusión inicial de este tema.

Al comienzo de esta convocatoria pública, varios de los asistentes pidieron la palabra y se mostraron molestos ante la intervención del gobierno local, que se extendió por más de cuatro horas. Por algunos minutos, el evento se vio interrumpido por parte de estos ciudadanos, quienes se encargaron de exacerbar el inconformismo entre la multitud, mientras exigían a este despacho mayor claridad sobre sus planteamientos.

Leonardo Jácome, presidente del Concejo, salió en defensa de la administración municipal y pidió que se garantizara la oportunidad de defender su carta de navegación para la planificación del suelo de la ciudad, en los próximos 12 años.

“Solo habló la Alcaldía y no hubo lugar para contrapreguntas. Si hay inconformismos con esas respuestas se tienen que hacer, por escrito, al Concejo. Asimismo, estas personas que aún tienen críticas deben venir a los estudios de primer debate de la Comisión Primera del POT. Ahí nosotros revisamos esas consideraciones”, explicó el cabildante del partido Conservador.

A pesar del ambiente de tensión, que se gestó por parte de algunos asistentes, Jorge Gandolfo, secretario de Planeación de Cúcuta, defendió la iniciativa y aseguró que los interrogantes formulados por la comunidad, fueron debidamente despejados.

“Se respondieron las inquietudes. Hay personas que así usted le diga lo que es en realidad, ellos quieren escuchar lo que quieren oír ellos. Tenemos problemas con algunos que dicen que hay que cambiar, que tenemos que revisar. Pienso que este POT es uno de los más concertados en la ciudad. ”, señaló el funcionario.

De este cabildo se desprendió un documento, de 57 páginas, que recogió las respuestas de la Alcaldía para cada interrogante. 

Este oficio debe ser radicado entre hoy y mañana ante el Concejo para que sea discutido y revisado por los cabildantes de la Comisión Primera, quienes tienen previsto presentar el viernes un cronograma de trabajo para organizar el debate en la fase de estudio del POT, que que se extendería hasta por 30 días.
Eje ambiental, la prioridad

Durante este segundo cabildo abierto, la Alcaldía de Cúcuta reafirmó su postura de garantizar la sostenibilidad ambiental en la ciudad fronteriza al insistir en el traslado de las empresas recuperadoras del material reciclable, por fuera del perímetro urbano, como se contempló en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

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Varias asociaciones dedicadas a esta actividad, se opusieron a la reubicación de estos depósitos, que se encuentran situados en los barrios El Llano, Callejón, Latino y en las inmediaciones del canal Bogotá. 

Ellos asesguraron que la instalación de estas bodegas en la zona industrial, a orillas de la vía hacia el corregimiento San Faustino y el municipio de Puerto Santander, podría afectar el trabajo de 1.800 personas, quienes se dedican a recolectar este tipo de residuos en la capital de Norte de Santander. 

“De estos negocios, podría decir que la mayoría no somos industriales, sino reclicladores que se dedican a la compra y venta de reciclaje, no más. Ni siquiera hacemos compactación del material, porque no tenemos la infraestructura. Me preocupa porque esta decisión puede complicar el empleo del que dependen muchas familias en la ciudad”, indicó, Oscar Rivera, delegado de la Asociación de Recolectores de Cúcuta

De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Planeación Municipal, el POT estableció una serie de acciones para promover y priorizar el manejo de estos desechos mediante programas de reciclaje, aprovechamiento de residuos y organizaciones de recicladores que se comprometan a continuar con las estrategias y proyectos planteados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La dependencia añadió que en cuanto a las actividades existentes, se exigirá una acreditación por parte de estos empleados, para respetar las situaciones jurídicas consolidadas con antelación.