La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al alcalde de Cartagena, Manolo Duque, y lo suspendió de manera provisional durante tres meses del cargo.

El procurador Fernando Carrillo explicó que la determinación se da por el colapso del edificio Portal II de Blas del Lezo, en dicha ciudad.

(…) como medida cautelar mientras se adelanta el proceso que se lleva a cabo por presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad, omisiones que se pusieron de manifestó con el Portal II de Blas del Lezo”, dijo Carrillo.

De acuerdo con el Procurador “la magnitud de la tragedia mostró tal negligencia y falta de control en el tema de las construcciones ilegales que nos obliga a tomar decisiones de esa naturaleza”.

La decisión la tomó la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y también va dirigida a Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía (#3) y Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad.

Igualmente, se abrió investigación a Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olímpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano; Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía.

“La existencia de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sustentan la decisión contra el alcalde y de los otros funcionarios. La presunta falta disciplinaria sigue cometiéndose”, dijo Carrillo.

El procurador, además, anunció que se interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que sobrevivieron al desplome del Edifico Portal II de Blas de Lezo.

“Se busca que estos trabajadores sean cobijados con el mecanismo de protección al cesante, a través del cual tendrían derecho a un subsidio de alimentación y al pago de seguridad social por un término de seis meses”, indicó.

Se busca que sus hojas de vida figuren en el Servicio Público de Empleo y que reciban capacitación y orientación para acceder a un trabajo formal y decente.

Carrillo explicó que la Procuraduría adelanta asistencia y apoyo a los 22 trabajadores heridos en la tragedia y a otro número similar de obreros ilesos, quienes también reclaman sus derechos laborales y de seguridad social.

En ese sentido, el Ministerio Público asumirá la representación y reclamación de los derechos que le asistan a las familias de los 21 trabajadores fallecidos el pasado 27 de abril.  

Carrillo igualmente anunció que la Procuraduría presentará una acción popular para proteger los derechos colectivos de la comunidad de Cartagena, que estarían amenazados por la existencia de construcciones ilegales.

Allí y, como medida cautelar, se pedirá que la alcaldía identifique las obras con deficiencias estructurales que puedan constituir riesgo para la comunidad.

Igualmente, la Procuraduría dará traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que evalúe las quejas de propietarios de bienes en Cartagena, que habrían sido construidos sin licencia “poniendo en riesgo la seguridad de los ocupantes y residentes en esos inmuebles”.