Durante la reciente visita diplomática del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a Emiratos Árabes Unidos se conoció que ese país tiene planeado invertir 1.000 millones de dólares para la extracción de oro en las áreas de los municipios de California y Suratá, en  Santander.

La noticia ha generado todo tipo de reacciones, porque el terreno proyectado para explotación aurífera, que según el documento de estudio es de 380 hectáreas, es cercano al páramo de Santurbán, una de las 23 reservas de agua actualmente protegidas en el país.

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El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, manifestó públicamente su desacuerdo con el plan de explotación minera en esa zona, argumentando que dicho propósito pone en peligro las reservas de aguas del ecosistema y de la población.

Ante la polémica que se generó por las declaraciones de Hernández, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, calificó al alcalde de irresponsable y de estar desinformando a la comunidad con sus declaraciones.

Sobre el debate que se ha desatado por cuenta de la supuesta entrega de Santurbán y el proceso para la entrega de la licencia del proyecto Soto Norte, de la sociedad minera (Minesa), que sería la encargada de la explotación aurífera de esta zona por 25 años, habló Murillo.

¿Por qué le molestó tanto lo dicho por el alcalde de Bucaramanga frente a la explotación minera de Emiratos Árabes en Santander?

Porque lo que yo he venido planteando sobre el debate de patrimonio rural y conservación de ecosistema es que hay mucha desinformación, que se debe evitar, sobre todo, por parte de líderes públicos, como el alcalde. Hay una especie de demagogia ambiental, de populismo.

¿A qué se refiere cuando habla de desinformación?

Hablo que desde el Gobierno hemos venido trabajando por la protección de los ecosistemas. En los últimos 20 años ningún mandatario había tomado decisiones relacionadas con la protección de páramos. Fue en el periodo del presidente Santos cuando se decidió delimitar y preservar Santurbán. Entonces, con estas acciones a quién le cabe en la cabeza el hecho de que queremos destruir las fuentes de agua de los colombianos, si tenemos como meta llegar a proteger 37 complejos de páramos en 2018.

Pero, frente a un proyecto de explotación minera subterránea en un área muy cercana al páramo, es normal que la gente esté preocupada...

Sí, pero es un proyecto que está en etapa de estudio para poder determinar su impacto. En estos momentos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), está estudiando su viabilidad, es decir, que aún no hay certeza de que se vaya a ejecutar. Siempre hemos sido claros en que no vamos a permitir minería en los páramos, porque nuestro objetivo es cuidar el recurso hídrico. 

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La preocupación radica, principalmente, en que la Corte Constitucional pidió una reevaluación de la delimitación del páramo. ¿Si la licencia se otorga antes, podría interrumpir el mandato de la Corte?

No se va a tomar ninguna decisión hasta que no se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte. Y en eso hay que hacer una claridad: en estos momentos, con esta delimitación, el proyecto quedaría por fuera del área protegida. Sin embargo, la sentencia es muy específica cuando dice que con la reevaluación se puede ampliar la zona protegida, pero no disminuir, es decir, que no hay riesgo de que ni ahora ni después se afecte la zona que pertenece al páramo.

En concreto, ¿qué es lo que debe hacer ahora el Gobierno frente al fallo?

Son siete fases. La primera de ellas es convocar a los actores que van a participar en el comité. Luego siguen los estudios, las consultas con las comunidades, la concertación con las autoridades, los ajustes, la expedición de la resolución y la implementación. Todo esto con el pleno conocimiento de la ciudadanía y con la vigilancia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. En este comité se incluirá al alcalde de Bucaramanga y al gobernador. Allí ellos podrán exponer sus argumentos, de la mano de expertos como el Instituto Humbolt.

¿Cuál es la propuesta concreta de Minesa?

La empresa propone extraer oro en un área que está a cinco kilómetros del municipio de California. Son 380 hectáreas las que usaría el proyecto, en las que se extraería 410.000 onzas de oro anualmente.

Pero 25 años es mucho tiempo de explotación del subsuelo y realmente está muy cerca del páramo...

Eso es lo que se está estudiando. El proceso empezó en agosto, que fue cuando se presentó el proyecto y se inició la solicitud de la licencia ambiental ente la ANLA. Se está revisando el impacto ambiental y se va a pedir información adicional del proceso. 

Lucha contra la minería ilegal

A propósito de la minería, ¿cómo va el Gobierno con la lucha de esta práctica ilegal? 

Tenemos una mesa nacional en la que trabajamos con la Fuerza Pública. Se han dado golpes muy importantes, pero necesitamos herramientas adicionales para combatir este flagelo.

¿A qué herramientas se refiere?

Estas herramientas están más relacionadas con algunos ajustes legales, por ejemplo, desde octubre del año pasado presentamos ante el Congreso de la República un proyecto de ley para que se endurecieran las penas en los delitos relacionados con la extracción de estos recursos de manera ilegal. Cada día que pasa sin que se apruebe este proyecto tenemos cerca de 40 hectáreas en las que se hace extracción ilegal de minerales y se vierte cerca de media tonelada de mercurio a los ríos.

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¿Cómo proponen ustedes que se judicialicen estos delitos?

Actualmente, la extracción de minerales y los delitos alrededor de esta actividad son excarcelables, entonces, no hay contundencia en las acciones judiciales. Se necesita hacer aclaraciones al respecto y que cada parte del delito sea condenable, como lo es con el narcotráfico. Por eso hacemos un llamado al Congreso para que haya celeridad con este proyecto.