El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó que hay cientos de órdenes de captura contra personas que han cometido delitos contra líderes sociales en el país.

“En el caso del suroccidente del país tenemos más de 140 órdenes de captura y en el caso de los reinsertados de las Farc, la Unidad Especial contra el Crimen Organizado tiene 40 órdenes de captura para hacerse efectivas”, señaló el fiscal.

De acuerdo con el jefe del ente investigador, las autoridades colombianas deben avanzar rápidamente para evitar las amenazas y los asesinatos contra líderes sociales, por lo que advirtió que desde la entidad que dirige “han identificado autorías de crímenes de líderes sociales, hasta en un 50 por ciento”.

En relación a las causas de los asesinatos consideró que se debe a que los líderes sociales están en territorios donde se les vulneran los derechos.

“Los grupos que más afectan a nuestros líderes son el Clan del Golfo, el Eln y los disidentes de las Farc. Por eso tenemos claro que los líderes se han convertido en el blanco de las organizaciones criminales”, confirmó.

Martínez también confirmó que será el Consejo de Seguridad Nacional el espacio en el que se defina si los disidentes de las Farc pueden adquirir el sometimiento a la justicia, teniendo presente que los mismos, anteriormente tuvieron acceso a dichos beneficios y no los aprovecharon.

Investigan a agentes 

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que el Ministerio Público está indagando si hay participación de agentes del Estado en los homicidios de líderes sociales. 

Carrillo reconoció los esfuerzos del Estado, pero consideró que hace falta mayor interacción con las comunidades. 

“Falta ese componente territorial, ese diálogo no se puede hacer en la Casa de Nariño exclusivamente, hay que hacerlo en los territorios con las comunidades”, expresó el procurador. 

El jefe del ente de control solicitó a los alcaldes y gobernadores asumir sus responsabilidades en lo que tiene que ver con la defensa y protección de la vida de estas personas. 

Carillo aseguró que contrario a lo que se ha manifestado desde el Gobierno, la Procuraduría sí ha encontrado homicidios sistemáticos contra líderes relacionados con los temas de tierras. 

“Eso que parecía una herejía hoy está clarísimo. En el caso de los defensores de tierras, hay despojadores que los están asesinando”, explicó el funcionario. 

El procurador invitó a las agencias de seguridad del Estado y a las comunidades a trabajar en conjunto para desarrollar los programas de protección colectiva, los cuales considera pueden ser una estrategia clave.