En la noche de este lunes la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó los 163 artículos de la ley estatutaria de Justicia Especial para la Paz y, ahora, solo hace falta la conciliación, que se debe dar antes del próximo jueves, día en que termina el mecanismo especial de Fast Track.

“En nombre del Gobierno queremos agradecer a los representantes por la responsabilidad con que asumieron este compromiso. Las víctimas del conflicto agradecerán esta responsabilidad con que la Cámara encaró este proyecto”, señaló el ministro del Interior, Guillermo Rivera, al tiempo que indicó que este miércoles se radicará el texto de conciliación y el miércoles “esperamos que se vote la conciliación los textos”.

Entre los temas álgidos que se aprobaron estuvo la participación en política, las inhabilidades para los magistrados de la Justicia Especial para la Paz y el tema de que los delitos sexuales cometidos contra los menores de edad sean investigados por la justicia ordinaria.

Las inhabilidades para los magistrados terminaron como llegaron en la propuesta del ponente, porque, según dijo el ministro, “imponer inhabilidades para la posesión de los magistrados nos parece inconstitucional e inconveniente, cómo le vamos a decir al secretario general de la ONU que las personas que su delegado escogió no se pueden posesionar”.

Y agregó que los magistrados tienen, como es natural, “una convicción y justamente para resolver estos asuntos, que no atente ello con la imparcialidad, existe el régimen de impedimentos y recusaciones”. Cabe recordar que en el Senado se aprobó un régimen de inhabilidades, en dónde se decía que aquellas personas que habían participado en acciones judiciales o de defensa de Derechos Humanos contra el Estado no podían pertenecer a ese tribunal.

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La Cámara eliminó el artículo 70, donde la JEP respeta las garantías que brindan los fueros constitucionales. Sin embargo, el artículo fue aprobado en el Senado, por lo que es posible que quede en la ponencia de conciliación. “Los miembros de la fuerza pública en su totalidad y los excombatientes de las FARC deberán comparecer de manera obligatoria a la JEP, para quienes es voluntaria esa comparecencia es para agentes del estado civiles y para terceros”, explicó Rivera.

La plenaria también aprobó el artículo de participación política, que sostiene que quien sea elegido para una corporación pública, pero tenga que cumplir la sanción alternativa u ordinaria, perderá la curul. Sin embargo, permite que los desmovilizados puedan participar en política, siempre y cuando se comprometan a comparecer ante esta justicia.

Según explicó el ponente, Hernán Penagos, “aquellas personas que se sometan a la JEP pueden participar en política, siempre y cuando manifiesten de manera voluntaria su intención de someterse voluntariamente a la JEP y será la decisión de los magistrados si se limitan o no los derechos políticos de quienes se sometan a este mecanismo”.

El artículo que más discusión generó fue aquel que le quita los beneficios de la Justicia Especial para la Paz a aquellos que hayan cometido delitos sexuales contra los niños.

“En este momento no se trata de decir que vamos a defender un régimen de impunidad, se trata de precisar el proyecto de ley que estamos discutiendo, estamos ante un proyecto de justicia transicional que no es punitiva. Los crímenes sexuales son muy graves y no son amnistiables”, aseguró el ministro.

Y agregó que “este proyecto no busca modificar el código penal: si usted quiere mañana radiquemos un proyecto de ley independiente para modificar las penas para quienes hayan cometido este tipo de delitos, un elemento extraño sería si se aprueba en este sistema. Lo que aquí se decida será la consecuencia de esa deliberación”.

El representante Edward Rodríguez, aseguró que mientras el Congreso exige judicializar a abusadores como Garavito, “se le pide impunidad para quienes dentro de las Farc hayan cometido este tipo de delitos. Le pido por los niños de Colombia que se apruebe este artículo”.

De hecho, la senadora Maritza Martínez, quien propuso el artículo en el Senado, aseguró que “esta es una reivindicación dentro del marco constitucional. Las mismas Farc en una entrevista  dijeron que si alguien ha cometido violencia sexual contra menores deberíamos sancionarlo drásticamente y el país espera que el Congreso reafirme esa posición”.

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Pese a que se abrieron los micrófonos al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, no quiso participar, por lo que fue criticado por el representante Jack Hosnisi: “si a usted le queda un poquito de dignidad renuncie, usted es una persona meliflua que no fue capaz de defender la posición del Gobierno en ningún sentido”.

Reacciones

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sostuvo que “lo que hoy se aprobó tiene todo el visto bueno del mando, del ministerio civil y de nuestros asesores jurídicos. En lo que toca a la fuerza pública manifestamos nuestra satisfacción por esta aprobación”.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, aseguró que “se introdujeron dientes a esta JEP y además se cierra la posibilidad de que cometan cualquier delito. Además, si no declaran los bienes y los testaferros van a enfrentar las más duras penas en la jurisdicción ordinaria”.

El coordinador ponente, Hernán Penagos, explicó que en el proyecto se incluyó un régimen de condicionalidad, “lo que implica que a partir de esta ley quien lo incumpla saldrá obligatoriamente del sistema y será investigado por la Justica Ordinaria”.

Según Penagos, también se incluyó un artículo en el que “todo aquel que cometa un delito grave, independientemente que sea el máximo responsable o no, deberá asistir a la justicia ordinaria y tendrá que ser sancionado.

Finalmente, aseguró que “en el caso de los delitos de ejecución permanente será la Fiscalía la que investigue a los reincidentes desertores y testaferros”.

Precisamente, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el proyecto asegura que la justicia transicional no va a convivir con los delitos ordinarios, “no pueden seguir delinquiendo o pierden los beneficios”.