La Fiscalía apeló la decisión del juez 46 de conocimiento que absolvió a Catalina y Francisco Uribe Noguera por el delito de encubrimiento y favorecimiento al homicidio por el caso de la violación y posterior asesinato de Yuliana Samboní, ocurrido el 4 de diciembre de 2016 en el nororiente de Bogotá, a manos de su hermano Rafael, quien purga una pena de 58 años por este feminicidio. 

A la salida de la audiencia, Francisco, en medio de lágrimas, dijo que “este ha sido un camino en el que hemos aprendido muchas cosas en el que gracias a Dios hemos sido absueltos (…) fue un hecho desastroso que afectó a ambas familias”. 

En el fallo en el juez también levantó la restricción de la medida de aseguramiento que les prohibía a los Uribe Noguera salir del país. La Procuraduría, por su parte, no se opuso a la decisión judicial.

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Sobre la apelación anunciada por el ente acusador, Francisco fue enfático en señalar que no entiende cómo “en un país con más del 90% de impunidad no es lógico que la Fiscalía persiga a unas personas que desde el principio sabe que son inocentes, simplemente por continuar con una acusación temeraria llevan dos años y medio haciéndole perder recursos a muchas personas”. 

Francisco Uribe Noguera añadió que perdona a su hermano Rafael y manifestó que “una sociedad que se basa en el amor y en el perdón, es una sociedad que puede encontrar paz a futuro”. 

Lo que dijo el juez

En la audiencia de lectura del sentido del fallo, el titular del despacho señaló que “el ente acusador no logró demostrar cuál fue el contenido de la información borrada (…) Y por ello no puede este despacho entrar a proferir condena por este delito, porque se sentaría un precedente de borrar cualquier cosa sería punible a consideración de la Fiscalía”. 

A lo largo del juicio, el delegado del ente acusador insistió que la pareja de hermanos destruyó información relevante para el caso, concretamente registros de interacciones telefónicas y a través de WhatsApp, que sostuvieron entre ellos minutos después del cometido el crimen. 

Sin embargo, para el despacho judicial “si se escudriña cada uno de los informes se observa que no se encuentra mensaje que denote destrucción de material probatorio”. Lo presentado ante el estrado durante las audiencias fue calificado por el juez como “conversaciones normales, que no los incrimina”. 

Para el juez tampoco se logró probar que Catalina y Francisco hubieran alterado la escena del crimen y reconoció que fue este último quien les dijo a los agentes del Gaula que fue su hermano el responsable de la desaparición y posterior asesinato de la pequeña. 

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Esta acción, a consideración del juez 46 de conocimiento, se dio pese a que existe un mandato constitucional que ampara a las personas a no declarar o incriminar contra familiares en primer grado de consanguineidad. 

Otra de las tesis de la Fiscalía se basó en que los parientes del violador y asesino de Yuliana Samboní pretendieron evadir a las autoridades cuando llevaron a Rafael a un centro asistencial para que le atendieran las complicaciones de salud por un problema coronario. 

El ente acusador dijo que esa patología no era una emergencia vital, pero los médicos que atendieron a Rafael Uribe Noguera señalaron que “esta patología era de alto riesgo y que ameritaba atención prioritaria”. De allí que el juez haya enfatizado en su providencia que “no se entiende por qué la Fiscalía expuso esa teoría cuando los propios galenos dicen lo contrario”.

Los descubrimientos del entorpecimiento a la justicia se anunciaron en el mismo mes del crimen cuando el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sorprendió al país revelando que la actuación de Catalina y Francisco “pudo haber sido la génesis de una obstrucción a la justicia”. 

Un mes después de los hechos, y a la par con las diligencias en contra de Rafael, a los hermanos Catalina y Francisco les dieron el país por cárcel, es decir que no podían salir del territorio nacional por orden del juez 68 penal de Bogotá. 

Por el crimen de Yuliana, Rafael paga una condena de 58 años de prisión en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. A la par con el cargo de homicidio, fue sentenciado por secuestro y acceso carnal violento.