Efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía inspeccionaron, en la tarde de este jueves, tres de las oficinas de Medimás, esto en el marco de las investigaciones que se adelantan sobre la EPS.

La inspección por parte del ente acusador se da días después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictara medidas cautelares contra la misma.

La decisión del Tribunal confirmó que los usuarios de dicha EPS tienen derecho a cinco beneficios, entre ellos: las autorizaciones médicas que fueron emitidas por la EPS Cafesalud, esto sin la exigencia a los afiliados a realizar la renovación de la cita médica.

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Así mismo, el fallo asegura que Medimás deberá realizar el pago de las incapacidades que fueron reconocidas por Cafesalud sin realizar exigencias de trámites adicionales.

De la misma manera, la EPS también deberá entregar los medicamentos que habían sido asignados por Cafesalud.

Medimás estará además en la obligación de dar vía libre a las tutelas falladas a favor de los afiliados a la EPS, con el fin de garantizar el derecho a la salud en el territorio nacional.

“Medimás EPS S.A.S dará cumplimiento a las sentencias de tutela falladas contra Cafesalud EPS, en las cuales se ordene cualquier prestación del servicio de salud, sin exigir al usuario la realización de trámites adicionales”, se lee en el fallo.

De igual manera, el Tribunal confirma que los afiliados a dicha entidad tienen el derecho de escoger la EPS donde les presten el servicio de salud indicado, y en dado caso de querer realizar un cambio, este no se les niegue “siempre y cuando haya permanecido por más de 360 días desde su vinculación a Cafesalud EPS”.

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Por su parte, el pasado 13 de septiembre, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la intervención de Medimás, debido a los inconvenientes generados en la prestación de los servicios.

Carrillo Flórez indicó que “esta intervención busca colocar a la entidad en condiciones de cabal y estricto cumplimiento de sus obligaciones como EPS o establecer si debe ser liquidada”.

Luego de este llamado, el Ministerio Público suspendió durante tres meses al superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, por “autorizar el inicio de operaciones de la EPS sin que contara con una red de prestadores de servicio en el país”.