La Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará esta semana el estudio de la Ley de Amnistía (Ley 1820 de 2016) y de su decreto reglamentario (277 de 2017).

Esta ley fue el primer expediente de paz que llegó a la Corte, pero su estudio se había suspendido para que se analizara primero el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual incluye la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con el fallo de la JEP semanas atrás, la Corte levantó esa suspensión y se apresta a estudiar la ponencia que presentó la magistrada Diana Fajardo para emitir una decisión antes del inicio de la vacancia judicial, el 20 de diciembre.

Le puede interesar: Congreso a la expectativa de nueva agenda de proyectos de paz

Este expediente tiene términos para ser resuelto hasta el 30 de diciembre.  A esto se suma que la Corte lleva varias semanas estudiando el Estatuto de la Oposición, que es un proyecto de ley estatutaria que llegó el 3 de mayo.

El alto tribunal también iniciará el estudio del decreto que reglamenta la Ley de Amnistía y que está a cargo del nuevo magistrado, José Fernando Reyes Cuartas.

Pero, todo indica que la decisión sobre este decreto quedará para el otro año, más si se tiene en cuenta que el plazo para dar sentencia vence el 17 de febrero.

La agenda de paz de la Corte está apretada pues de 43 expedientes ha fallado 26: dos reformas constitucionales (la JEP y el blindaje jurídico), la ley que avaló las vocerías de las Farc en el Congreso y 23 decretos de paz.

Lea además: Uribe convocará a marchas si Gobierno promulga las circunscripciones de paz

Después del de Amnistía, el siguiente decreto en la lista es la Ley 893 del 28 de mayo de 2017 que creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el cual tiene plazo hasta el 28 de mayo de 2018.

Pero, además, la Corte tiene que pronunciarse sobre reforma que permite a las Farc tener partido político y le asigna curules; así como la Ley 1865 de 2017, que permite la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para la implementación.