La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, actuó de forma “transparente” en la selección de los 51 magistrados del Tribunal de Paz.

Así lo determinó al negar una tutela que presentó Luis Carlos Domínguez Prada, quien se postuló para las Salas de Justicia y no fue seleccionado.

La Corte dijo que el Comité de Escogencia “contaba con autonomía para desarrollar el proceso de selección” y que este “garantizó los principios de publicidad, transparencia y seguimiento por parte de la sociedad civil en todas las fases de convocatoria”.

“El comité adelantó convocatoria pública para elegir a los 51 magistrados que integrarían la JEP, es decir, los que conforman el Tribunal de Paz y las Salas de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conducta; de definición de las situaciones jurídicas, y de amnistía e indulto (…) todas las fases del proceso de selección fueron de público conocimiento, dentro del cual se plasmó con suficiencia, desde la apertura de la convocatoria, que las observaciones de la ciudadanía serán de conocimiento exclusivo del comité”, dice el fallo.

Se escuchó a la opinion pública

La sala enfatizó en que se trató de un proceso transparente, en el que se permitió escuchar no solo a los aspirantes sino también a la opinión pública por vía de las observaciones ciudadanas.

“No hubo afectación de los derechos porque el proceso no solo fue abierto y transparente sino que la selección de los candidatos reunía las mayores calidades para desempeñar el rol de magistrados de la JEP”, señaló.

El comité

El Comité de Escogencia es un organismo creado por el Acuerdo de Paz para llevar a cabo los diferentes procesos de selección de los altos cargos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR–.   

Sus integrantes son:  Claudia Vaca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado; José Francisco Acuña, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García Sayán, designado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil-Robles, designado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; y Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).