El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que “necesariamente, si las Farc han ocultado bienes, esto debería llevarlos a perder los beneficios” del acuerdo de paz.

Carrillo envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, en la que manifestó su preocupación sobre este tema y en la que precisa que una cosa es el inventario de los bienes, otra la entrega de los bienes y otra la posibilidad que se descruzan otros bienes que no hayan sido inventariados o entregados, como la denuncia de unos testaferros.

Para la Procuraduría, era parte de los compromisos adquiridos por la guerrilla entregar información sobre los bienes adquiridos de manera ilegal y de quienes hayan prestado su nombre para adquirirlos y no hacerlo podría ser una violación al régimen de condicionalidades que fijó la Corte Constitucional al avalar el Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. 

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Aclaratoria de la Corte 

Carrillo le solicitó a la Corte que se aclare cómo se deben interpretar las normas existentes sobre el tema de los bienes, para que quede claro si habría una pérdida completa o parcial de beneficios, y sobre casos que no representan a toda la organizacional sino a solo algunos de sus miembros.

“Para que se precisen las responsabilidades en la materia, de tal forma que se definan efectos que grupal e individualmente deban producirse, por la identificación de bienes no inventariados, considerando diferentes tipologías e hipótesis al respecto. Si las Farc han ocultado bienes, se verían avocadas a perder los beneficios del sistema”, dice la Corte.  

Paso al costado de Gustavo Malo

Carrillo, recomendó al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo que “dé un paso al costado”, ante su investigación por el caso del ‘Cartel de la Toga’. 

Malo Fernández tenía que regresar el pasado jueves a sus funciones en la Corte Suprema pero pidió permiso para los días viernes y lunes para acudir a citas médicas en Cartagena. Esto impidió la realización de la Sala Plena en la que se buscaba aplicar el nuevo reglamento y retirarle sus funciones.

Carrillo consideró este hecho como un “espectáculo bochornoso”. 

“Se agota la paciencia del sistema de justicia y del pueblo colombiano. Uno no puede poner en entredicho de esa manera el funcionamiento de la justicia y atentar contra la dignidad de la justicia”, dijo el procurador Carrillo.