Como se esperaba desde hace una semana, el Gobierno y las Farc hicieron público este jueves el acuerdo por medio del cual le dan paso a la creación de la Comisión de la Verdad.

La misma llevará el nombre de Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y tendrá la característica de ser independiente, imparcial y con carácter extrajudicial, es decir que lo recopilado e informado por los integrantes de la Comisión no podrá ser usado como prueba judicial para proceso alguno.

Incluso, las partes definieron que el trabajo e integración de la Comisión se dará tan pronto sea firmado el acuerdo final de las partes. Serán 11 miembros que se escogerán de forma pública y realizarán su trabajo durante un lapso de tres años.

“El acuerdo logrado sobre la Comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido”, indicaron en un comunicado conjunto leído por los países garantes Cuba y Noruega.

Gobierno y Farc acordaron que serán tres los objetivos a cumplir de esta Comisión: Uno, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto; dos, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados.

Como tercer propósito de la Comisión está la promoción de la convivencia en los territorios, para lo cual propiciará el diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas y hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad.

Gobierno y Farc indicaron que como aporte para que el éxito de la Comisión se logre, se comprometen a contribuir de manera decidida “al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”.

Frente al funcionamiento de ese organismo se pactó que “la Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones”.

De la misma forma, se plantea que será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera.

Se le definió además a la Comisión que pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada para oír a las diferentes voces y visiones, las víctimas del conflicto tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo.

Se decidió igualmente que la Comisión tendrá un mandato nacional con enfoque de trabajo territorial, “con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios”.

También están obligados a que “consulten las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia, o situación de discapacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres”.

Operatividad

Frente a su coordinación, se indica que se dará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementación del Acuerdo Final. “La Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías, y un trato justo, digno y no discriminatorio”.

Además se señala que los comisionados no estarán obligados a declarar en procesos judiciales, estarán exentos del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente.

Sobre su seguridad se indica que la Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará, con las autoridades del Estado y la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias.

Se definió también que la Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus actividades y “adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión”.

Frente al tiempo, Gobierno y Farc indicaron que “para abordar los distintos elementos de su mandato la Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación”.

11 miembros de la Comisión

Las partes decidieron que serán 11 los comisionados, los cuales saldrán de un proceso legitimidad, imparcialidad e independencia y serán postulados por todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas.

Serán elegidos por una comisión tripartita conformada por seis integrantes del Gobierno y las Farc, y tres más de que personas u organizaciones que se acuerden en la Mesa.

Para ser miembro de la Comisión de la Verdad se tendrá en cuenta la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. Entre los escogidos podrá haber extranjeros, máximo tres.

La Comisión tendrá una duración de tres años incluyendo la elaboración del informe final y contará con seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión.

Quedó definido que el Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión.

También se creará un Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final.