Inocentes de los cargos que les endilgó la Fiscalía se declararon Luis Alberto Gil, Carlos Julián Bermeo, Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte, a quienes se señala de ser los responsables de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho.

Sus detenciones están relacionadas con las supuestas irregularidades para retrasar el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández, exguerrillero conocido como Jesús Santrich.

Durante la imputación de cargos, el ente acusador señaló que estas personas conformaron una organización criminal para influenciar en servidores públicos que tuvieran que ver con el proceso de extradición del exjefe de las Farc. 

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“Usted se ofreció para retardar órdenes de policía judicial, solicitar  prórrogas para dilatar órdenes impartidas por un magistrado, así como devolución de documentos enviados por una agencia extranjera dentro del caso de Santrich”, dijo el fiscal dirigiéndose al fiscal Bermeo que hace parte de la JEP. 

Al no aceptar cargos, los implicados no tendrán derechos a beneficios como rebaja de ley y enfrentarán un juicio. 

El ente acusador aclaró que los 500.000 dólares que se entregaron el viernes tenían como objeto remunerar las actuaciones de Bermeo. “Los 40.000 dólares que recibió era por las actuaciones que ya había hecho y los 460.000 restantes para futuras actividades”, precisó el fiscal. 

Antes de que el juez les preguntara si se declaraban responsables de los cargos, el delegado de la Procuraduría manifestó una serie de dudas sobre los argumentos de los Fiscalía en la imputación. 

Una de las inquietudes radica en la participación del exsenador Gil Castillo en la negociación del cargamento de cocaína hacía Roma, Italia. “La Fiscalía no nos dijo si hubo alguna interdicción o alguna mediación frente a ese punto concreto del narcotráfico”, cuestionó el representante del Ministerio Público. 

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También denunció que hubo una falta de claridad en el papel que ejercieron Villamizar, Prieto y Solarte sobre su comportamiento puntualmente en el cohecho del que los acusó la Fiscalía. 

“¿Qué hicieron ellos en ese caso particular? La Procuraduría no escuchó de boca del representante de la Fiscalía la conducta que realizaron en este delito, tampoco de tráfico de influencias un comportamiento relevante”, insistió.  

Sobre el tema de Gil Castillo y su participación en la negociación de los 120 kilos de cocaína que serían enviados a una discoteca de Roma, Italia, el fiscal precisó que el exsenador tenía “conocimiento previo de esa conducta que se estaba planeando en su presencia”.

De este encuentro hay una grabación hecha por un agente infiltrado durante el operativo que desplegó el CTI y que es una de las evidencias que fueron legalizadas en la audiencia del pasado fin de semana. 

Ante la inquietud relacionada con los otros tres arrestados sostuvo que esas personas tenían una división de trabajo claramente establecida dentro de la organización criminal.  Negociar y recibir el dinero para ser llevados a una casa de cambio eran algunas de las funciones que tenían definidas. 

La audiencia continuará con la solicitud de la medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía.