El país sigue en vilo a la espera de que se conozca la verdad que rodea la captura de cinco personas a quienes la Fiscalía señala de “incidir” en el proceso de extradición del exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, quien es requerido por una corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

La audiencia en la que se imputarán cargos tuvo un aplazamiento por problemas técnicos y la jueza del caso citó para este martes una nueva diligencia en la que se espera se destapen las cartas por parte de la Fiscalía que, hasta el momento, ha entregado información fragmentada y unos vídeos en los que se ve al fiscal Carlos Julián Bermeo recibiendo lo que asegura el ente acusador son 40.000 dólares.

Luis Alberto Gil, exsenador de Opción Ciudadana condenado por parapolítica, permanece recluido en la clínica Colombia por unas afectaciones de salud. Su traslado al centro asistencial tuvo lugar el sábado, lo que originó una serie de tropiezos para el desarrollo de las diligencias.

La primera fue durante la legalización de captura que, en principio, se tenía programada para que sucediera en el juzgado, pero se trasladó al centro asistencial. Estando allí se concertó con Gil Castillo que su abogado lo podía representar en esa fase judicial, por lo que de nuevo capturados, juez, agentes del CTI y secretarios del despacho se remitieron de nuevo al complejo judicial.

La diligencia se extendió hasta las 4:30 de la mañana del domingo y se citó la imputación de cargos para este lunes a las 11:00 de la mañana, pero se inició sobre las 11:43 de la mañana. La jueza preguntó si ya existía la valoración de Medicina Legal sobre Gil Castillo, pero recién los médicos designados por el instituto salían de practicar el examen pericial. Ante ello, la jueza determinó que la diligencia debía reiniciarse a las 3:00 de la tarde.

Sí puede responder, dice Medicina Legal  

Medicina Legal, único ente reconocido por las autoridades judiciales para practicar estas pruebas, certificó que Gil Castillo estaba en condiciones de salud para responder en la imputación de cargos y posterior solicitud de medida de aseguramiento que tenía prevista la Fiscalía.

“A la presente valoración médico legal el señor Luis Alberto Gil Castillo no cumple criterio para establecer un estado grave por enfermedad y puede continuar con la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento”, sostiene la conclusión de los médicos Julio Alberto Guacaneme y Marisol Galeano Palacios.

Así las cosas, la jueza determinó que Gil Castillo podía acudir a la sesión vía videoconferencia, por lo que ordenó un receso mientras se hacían las conexiones del caso tanto en la habitación del noveno piso donde está recluido como en la sala 313 del complejo judicial de Paloquemao.

Cuando todo por fin parecía fluir, ya eran las 4:25 de la tarde. En la primera parte le dieron paso a Gil Castillo para que se presentara ante el estrado, pero la pregunta se la hicieron un par de veces, al parecer, porque el procesado no tenía señal de audio en el dispositivo que estaba usando.

La jueza pidió que se revisara la conexión. El problema parecía solucionado, pero durante la intervención del fiscal que estaba a punto de revelar lo trascendental del expediente, la jueza preguntó a Gil Castillo si escuchaba lo narrado por el delegado del ente acusador. Silencio total.

La jueza volvió a preguntar, pero no hubo respuesta. En este punto intervino el delegado de la Procuraduría, quien pidió que se tuvieran las condiciones mínimas para los procesados, las cuales no le estaban siendo brindadas a Gil Castillo y solicitó que se tomarán las medidas necesarias.

La jueza pidió que, de ser posible, se traslade ante el despacho a Gil Castillo para este martes a las 8:00 de la mañana, ante lo cual su abogado defensor, Gabriel Porras, manifestó que su cliente no está en las condiciones de comparecer.

“Si bien existe un examen médico legal yo también tengo unos certificados en los que se asegura que no es una condición óptima para estarse trasladando, ya que es una persona que acaba de salir de un procedimiento”, señaló Porras y añadió que en caso de sucederle algo a su cliente sería responsabilidad de la persona que tome la decisión de movilizarlo ante el estrado judicial.

No aceptará cargos

A la salida de la sala, Porras señaló que la situación de su cliente obedece a unas “tramoyas” que se han montado en contra de su prohijado, aunque no quiso precisar quién estaría detrás de las mismas.

Dijo desconocer qué hacía su cliente en el hotel y que está a la espera de las pruebas de la Fiscalía. Sin embargo, anticipó que Gil Castillo no se va a allanar a los cargos que le impute el ente acusador.

“No va a aceptar cargos, porque no tiene nada que ver con el proceso”, concluyó.

Los delitos

El operativo desplegado por la Fiscalía también reportó las detenciones de Carlos Bermeo (fiscal de apoyo de la JEP), Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte. A ellos les imputarán cargos por cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir.  Bermeo fue relevado de sus funciones en la JEP y la Procuraduría le inició la investigación correspondiente.  

Lo que intenta probar la Fiscalía es que estas personas estaban recibiendo un dinero para “incidir” en el proceso de extradición del exjefe guerrillero. El operativo de su detención tuvo lugar el viernes anterior y, usando la figura de agente encubierto, se grabó el momento en el que Bermeo recibe una suma de dinero como parte de esta negociación. Se habla que hubo participación de la DEA en el proceso.

Desde el búnker se ha señalado que el fiscal de apoyo de la JEP estaría recibiendo en ese momento un pago de 40.000 dólares de los 500.000 dólares pactados a manera de ‘cuota inicial’ de los dos millones de dólares que sería el monto total para interceder en el trámite de extradición de Santrich, quien es requerido por una corte de los Estados Unidos para que responda por cargos relacionados con narcotráfico.

Según se ha conocido, esos 500.000 dólares habrían salido de un fondo especial de la Fiscalía, que autorizó su retiro para usarlo como material probatorio ante los jueces.