Contrario a lo que se pensaba, que el uribismo ya estaba satisfecho con la respuesta de la Corte Constitucional, la suerte del proyecto de ley que establece el procedimiento de la Justicia Especial de Paz (JEP) sigue embolatada en las sesiones extras del Congreso de la República.

Aunque este lunes se dieron dos hechos que parecían destrabar la norma, esto no ocurrió. El primero fue la reunión que tuvo el presidente electo, Iván Duque, en compañía de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, con la presidente de la JEP, Patricia Linares, en donde se habló sobre la operación que tiene esta jurisdicción.

El encuentro, que duró poco más de una hora, generó expectativas porque el propio Duque, antes de la segunda vuelta presidencial y luego como mandatario electo, había pedido al Congreso frenar el proyecto hasta la instalación de la nueva legislatura, a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la JEP.

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Sin embargo, el pasado viernes la Corte Constitucional en un comunicado hizo público lo que le había dicho al presidente electo un día antes: que el proyecto sí puede ser tramitado como se está haciendo por el actual Congreso, aunque no haya fallo de la ley estatutaria.  

Tras el encuentro, Duque aseguró que “esperamos que el Gobierno facilite escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el Congreso y tratar de buscar un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos tan importantes para las víctimas”.  

El presidente electo quiere abrir un canal de comunicaciones para facilitar el trabajo del tribunal. “Hemos podido expresar nuestras observaciones, nuestras preocupaciones, y lo hemos hecho con el propósito de garantizar en Colombia que las víctimas reciban por parte de la justicia la verdad por parte de sus victimarios, que haya una reparación moral y material, que se den todas las garantías para la no repetición”, manifestó el próximo jefe de Estado.

Por su parte, la magistrada Linares se mostró conforme con el encuentro con el jefe de Estado electo y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. “Ha sido una conversación muy constructiva, amable, que ha abierto la puerta a un diálogo que aspiramos se mantenga en aras de lograr el mejor modelo posible de justicia transicional, consolidar la paz de este país, respetando la plena realización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, expresó la magistrada.

Linares explicó que junto con los demás magistrados le manifestaron al presidente entrante que están en disposición de seguir adelante para administrar la justicia restaurativa en favor de las víctimas.  

“Recibimos con mucha tranquilidad el mensaje que nos dio el presidente electo, en el sentido de que ha conversado con su partido para que previo análisis del Gobierno sobre las propuestas de su partido para avanzar y garantizar la expedición de la ley de procedimiento tan necesaria para la jurisdicción especial de paz” .

El segundo hecho en el que se confiaba para que la ley fluyera este martes en la sesión plenaria del Senado, en donde falta su última votación, fue la reunión que sostuvieron el ministro del Interior, Guillermo Rivera, con una subcomisión de senadores, entre ellos Paloma Valencia, del Centro Democrático, para encontrar una salida al proyecto.

El senador Armando Benedetti, al término de esa reunión, renunció a ser ponente de la ley de procedimiento de la JEP, al argumentar que en el Senado no ocurrirá nada y no se llegará a un acuerdo legislativo.

Además, sostuvo que ahora el uribismo plantea, para no votar el proyecto, que se requiere que los militares que se acojan a la JEP vayan a una sala especial de esta jurisdicción.

Según Benedetti, esto es imposible incluirlo en esta ley porque el alcance de esa sala especial debe definirse por una reforma constitucional similar a la que creo la misma JEP. Para el congresista del Partido de la U, el problema radica en que Colombia quedaría expuesta a que la Corte Penal Internacional (CPI), actué en contra del país por no haber legislado respecto a este tema y tener ya normas en vigencia.

Aunque la reunión terminó sin un acuerdo, la senadora Valencia aseguró que consultaría con su partido al respecto y será tan solo en la plenaria de este martes, en horas de la tarde, cuando ya se pueda tener más clara la suerte de la ley de procedimiento de la JEP.

Llamado de las FFMM

Precisamente, desde las Fuerzas Militares también se hizo un llamado al Congreso de la República para la aprobación del proyecto. El general Alberto Mejía, comandante de la institución, señaló que las tropas podrían quedar en un vacío jurídico de no tomarse la decisión.

Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, el general Mejía aseguró que la reglamentación ha recibido todos los insumos de las Fuerzas Militares y este Gobierno ha aceptado sus propuestas e iniciativas en este campo.

“La postura estratégica de las Fuerzas Militares es que necesitamos que el Congreso de la República avance en aprobar esta reglamentación. Necesitamos marcar la cancha de la JEP, porque si no lo hacemos quedamos expuestos”, dijo el Oficial.

Así mismo, manifestó que “tenemos miles y miles de familias, miles de soldados que dieron todo por Colombia, algunos de ellos cometieron equivocaciones en el campo de batalla, y muchos de ellos que dieron su máximo sacrificio por este país, todos están esperando que se les cumpla y que se logre llegar a ese escalón para tener seguridad jurídica, una herramienta fundamental para que las Fuerzas Militares sigan batallando y tengan bienestar, incluyendo a los retirados y sus familias”.

Finalmente, el general Mejía dijo que “la JEP no se escribió ni se construyó en La Habana y que el Gobierno Nacional nos invitó a participar y allí en ese diálogo que entablamos con el Congreso y diferentes ministerios, ayudamos a construir una Jurisdicción que hoy en día es uno de los elementos vitales del Proceso de Paz, me atrevería a decir que es la piedra angular”.

Propuesta uribista

“El Centro Democrático trajo una propuesta que a nuestro modo de ver es inconstitucional, porque plantean fijar a los miembros de la fuerza pública un plazo para comparecer ante la JEP. La reforma constitucional que se aprobó el año pasado y la decisión de la Corte Constitucional señala que la comparecencia de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública es obligatoria, por lo tanto una ley no puede fijar unos plazos a una disposición”, informó el munistro del Interior, Guillermo Rivera.