En cumplimento de la sentencia de la Corte Constitucional en la que ordena que se regule el uso del glifosato en el país para erradicar los cultivos ilícitos, el Gobierno avanza con la publicación de comentarios sobre el Proyecto de Decreto por medio del cual se desarrolla el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente. 

El Gobierno, en cabeza de los ministerios de Justicia y del Derecho, Defensa Nacional, Salud y Protección Social y Ambiente, dio a conocer la elaboración de dicho Proyecto de Decreto, cuyo propósito es crear un marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de Aspersión aérea.

De acuerdo con los Ministerios, la reglamentación mantiene el cumplimiento del alto tribunal, que no es otra cosa que la obligatoriedad al Gobierno de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección razonable en cuestión de salud y medio ambiente.

El documento que contiene los comentarios para dicho proyecto “no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión. La reanudación de la aspersión aérea, como una herramienta complementaria de la estrategia integral para la reducción de los cultivos ilícitos y de la producción de drogas, será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación que propone el Proyecto de Decreto”.

Según dice el documento, la reglamentación debe tener en cuenta la ejecución de la actividad a cargo de la Policía Nacional, además de ello un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Del mismo modo habrá una evaluación permanente del riesgo a cargo del INS y de la ANLA, al mismo tiempo que se ejecutará una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación.

Por otro lado, habrá desarrollo de estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medio ambiente, además de un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medio ambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.

Además de ello, habrá espacios para la participación ciudadana y el acceso a la información, todo con el fin que el Gobierno Nacional registre una reducción del narcotráfico y de los cultivos ilícitos, ya que esto es una condición indispensable para el desarrollo de avanzar con la paz.

“El narcotráfico y los cultivos ilícitos se constituyen en una amenaza para el Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos al comprometer la seguridad, el medio ambiente y la salud de los colombianos”, dice el documento.

Por ello, el gobierno en cabeza de los ministerios vinculados considera que la aspersión aérea es una herramienta que “utilizada con precisión” y bajo el control efectivo de los riesgos a la salud y al medio ambiente, cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos por la Corte permitirá mayor efectividad en la reducción de los cultivos ilícitos.