El pasado domingo 29 de octubre en la vereda La Pedregoza, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, al norte del Putumayo, fue asesinado de varios impactos de bala Oscar Arango Palacio, llamado ‘Martín’, cuando desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones. 

La víctima fue miembro del frente 32 de las Farc, donde se desempeñó como jefe de finanzas y ahora gozaba de un permiso especial para estar fuera del Espacio Territorial de Reincorporación Heider Mosquera, ubicado en la vereda La Carmelita, jurisdicción del municipio de Puerto Asís.

El sujeto había sido advertido por varios habitantes de la comunidad, quienes le recomendaron en reiteradas ocasiones que se cuidara, ya que existían personas que no lo querían ver en el lugar, pese a que ‘Martín’ ya contaba con todos sus documentos en regla para la reincorporación a la vida civil. 

El cuerpo del hombre apenas en la tarde de este martes pudo ser levantado por personal de la Fuerza Pública.

Según la Red de Derechos Humanos del Putumayo, desde hace varios días se ha registrado la presencia de hombres armados que están pernotando muy cerca a los puestos militares que tiene el Ejército en la zona rural de Puerto Guzmán. 

Así mismo, la red denuncia que los atracos en las carreteras han ido en aumento cuando hombres con armas largas, en medias, calzoncillos y pasamontañas están atracando a los conductores y pasajeros de los vehículos que transitan por las solitarias vías del municipio.

Esta asociación indica que no hay garantías para iniciar acciones judiciales pertinentes, igualmente el acceso a la justicia es nulo, puntualmente para el levantamiento de los cuerpos y tanto como la policía como los funcionarios públicos competentes para tal fin han manifestado su temor para ir a las zonas rurales donde se registran las acciones violentas, lo que agrava la situación humanitaria. 

En reciente informe, la policía en el Putumayo informa que ha habido 17 muertes violentas en el municipio de Puerto Guzmán y un total de 105 en todo el departamento, en su mayoría en zona rural.

Las organizaciones de derechos humanos de este departamento están a la espera que la Defensoría del Pueblo, la segunda Misión de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, MAPP-OEA como garantes de la sociedad civil y del Proceso de Paz, adelanten las gestiones pertinentes para fortalecer las labores de promoción, preservación y protección de derechos humanos, desde el enfoque participativo de las comunidades rurales.

La gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, se muestra preocupada por estos hechos violentos que disparan las alertas de las autoridades militares en esta región al sur del país, lo que conllevo a que se realizara un consejo departamental de Derechos Humanos y seguridad, para adoptar medidas que eviten el aumento de asesinatos.

Por su parte, el comandante del Ejército en este departamento, general Adolfo León Hernández, y el comandante de la Policía, Omar Bonilla, aseguraron que ya se están empleando a fondo para esclarecer la muerte y las circunstancias.

El general Hernández señala que el señor Arango Palacio fue el jefe financiero de dicho frente del exgrupo armado.

Por su parte Las Farc, mediante un comunicado, lamentaron la muerte de su compañero Arango Palacios (Martin GB): “El compañero salió con permiso del espacio territorial en función de  encontrarse con su familia, estando en su habitación llegaron hombres armados y lo sacaron de su casa de la vereda la pedregosa, inspección José María en Puerto Guzmán, Putumayo”.

También señala la misiva que “el camarada estaba plenamente reincorporado a la vida civil, en cumplimiento estricto de lo pactado en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y las Farc. Había cumplido con todos los trámites de rigor, con relación a la dejación de armas y accedido a los certificados y acreditación del alto comisionado para la paz, así como la certificación de la misión de la ONU”.

El grupo resaltó que “él, como todos los excombatientes revolucionarios hoy integrantes y militantes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tenemos la esperanza en que este proceso de paz nos conduzca a la reconciliación Nacional, la concordia, la democracia efectiva y la Justicia Social”.

Sin embargo, señalan que “desafortunadamente este proceso de reconciliación y democratización tiene  unos  enemigos que, si bien son pocos, tienen y concentran mucho poder de manipulación, de intimidación y de desinformación”.

Finalmente, reiteran que ya se ha denunciado “que en los territorios y aéreas donde históricamente hicimos presencia; hoy hacen presencia pequeños grupos delincuenciales, con armas cortas y largas, chantajeando, extorsionando e intimidando a la población, sin que la fuerza pública los combata como es el deber y el compromiso de las instituciones oficiales”.

En el mismo comunicado le exigen al Gobierno y las autoridades competentes se le garanticen la seguridad y la tranquilidad a las comunidades y a los excombatientes reincorporados a la vida civil.

“El combate al paramilitarismo y las bandas criminales es un compromiso del gobierno que aún no se prioriza en su agenda”, cita en un aparte el comunicado, al tiempo que le hacen un llamado a todas las fuerzas populares, organizaciones sociales del departamento del Putumayo; para que se movilicen y exijan del Gobierno Nacional que paren con los asesinatos de dirigentes del movimiento obrero y popular, de defensores de los Derechos Humanos y de excombatientes de las Farc.