Una nueva directriz impartida por el Ministerio de Defensa dio vía libre a la Fuerza Pública para que ataque “con contundencia” a los militantes de las disidencias de las Farc, es decir los subversivos quienes decidieron no acogerse al acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo hoy desmovilizado.

De acuerdo con el Ministerio la nueva resolución “le brinda a la Fuerza Pública el marco jurídico para hacer uso de todos los instrumentos legales en la lucha contra los Grupos Armados Organizados (GAO), en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.

La resolución, firmada el pasado el pasado 26 de octubre por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “imparte directrices al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección de la Policía, de denominación de las amenazas y el uso de la fuerza, los cuales garantizan la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones”, expresa el documento que aún es reservado.

Según el Ministerio, en el documento se declaró como objetivo de “Alto Valor Estratégico, a los cabecillas de GAO-residual, entre quienes se encuentran Miguel Santillana Botache, alias ‘Gentil Duarte’, Gener García Molina, alias ‘John 40’ y Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordísco”.

Esta ofensiva contra las bandas criminales por parte de la Fuerza Pública también incluye al grupo delincuencial el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Puntilleros’ y ‘Los Pelusos’.

Para el catedrático y coronel en retiro Carlos Alfonso Velázquez, dicha directiva “viene encaminada a decirles a ellos (bandas criminales) bueno, aquí está el poder letal del Estado a través de las Fuerza Militares incluyendo bombardeos y ametrallamiento en el aire”.

De acuerdo con Velázquez las armas que usarían los miembros de la Fuerza Pública “son muy letales”, sin embargo, precisó que “lo importante es que no vayan haber excesos, que cuando la Fuerza Pública las emplee sea con una inteligencia muy bien lograda y sea la asestación de solamente ellos (bandas criminales), porque si se afecta a los civiles sería muy negativo y muy grave”, dijo el exoficial.

Sobre el blindaje jurídico para los uniformados que usen este tipo de fuerza, Velázquez confirmó que dicha iniciativa solo se debe realizar en caso de atacar grupos que “estén delinquiendo y tenga un viso político como las Farc”.

En el documento, el Ministerio argumenta que la fuerza también será ejercida contra miembros de bandas de crimen organizado, sobre esto el exoficial indicó que allí se debe tener más cuidado ya que los mismos delinquen en medio de la población civil.  

“No deben emplear bombardeos, deben atacarlos por tierra, ahogarlos para que no puedan salir a ningún lado, capturarlos o en dado caso darlos de baja”, dijo el exoficial.

A esta voz se unió el analista en conflicto armado Hugo Acero, quien confirmó que dicha iniciativa no es nueva y que incluso el Gobierno ya la venía trabajando desde que Juan Carlos Pinzón fungió como ministro de Defensa.

Para Acero esta directriz además del bombardeo por aire, trae consigo mecanismos alternos, entre ellos la persecución y el enfrentamiento directo con los grupos armados organizados.

El analista aseguró que la Fuerza Pública se puede enfrentar de esa manera porque “hay unas estructuras armadas que no son solo delincuencia común, muchos de ellos cuentan con entrenamiento militar, y es allí donde cabe la acción por parte de la Fuerza Pública”.

Acero unió su voz a la del oficial Velázquez, asegurando que la Fuerza Pública debe “tener profesionalismo a la hora de iniciar las acciones contra las bandas criminales. “Las Fuerzas Militares determinan en qué momento se utilizan, siempre teniendo en cuenta que no se debe afectar a la población civil”.

Sobre la legitimidad jurídica, para Acero está claro que los uniformados están blindados “mientras haya una orden del Ministro y de los altos mandos militares”.

Contrario a lo que opinan Acero y Velázquez, el también oficial en retiro y analista del conflicto armado John Marulanda, indicó que esta directriz no es más que “una respuesta urgente, una aceptación del Gobierno de que las disidencias de las Farc y las bacrim se les están saliendo de las manos, es una declaración evidente del Gobierno de que no está controlando la situación como ellos quisieran hacerlo”.

Para Marulanda no está bien visto que el Gobierno emplee este tipo de mecanismos donde se deben usar armas de guerra para combatir el crimen organizado, contrario a ello indicó que las ofensivas se deben realizar con actividades policiales y no militares.

El exoficial reiteró que con esta iniciativa “el Estado está declarando que está en una seria amenaza por parte del crimen organizado y le toca recurrir a medidas extremas, el uso de armas de guerra convencional”. En tal sentido aseguró que el Gobierno “ha fallado” y recurre a esas instancias para evitar esos sucesos.

En medio de su intervención, Marulanda también indicó que al darse vía libre a esta directriz, se conocerá si los denominados disidentes de las Farc, finalmente “son el brazo armado del partido legítimo de las Farc, vamos a ver cómo se emplean estos bombardeos y quiénes serán los primeros objetivos. Dependiendo de eso sabremos si es verdad que las llamadas disidencias son solo una estrategia del grupo o en realidad son insurgentes”.

Sobre la afectación que podría generar los bombardeos en la población civil el oficial en retiro aseguró que “el solo anunció que se va a bombardear ya es un elemento disuasorio para las organizaciones. Sin embargo, que esos bombardeos deben estar sujetos a que no hayan daños colaterales”.

Para Marulanda, “esto es imposible porque el Ministerio de Defensa carece del rubro de inteligencia, entonces es posible que afecten a terceros”.