La actual representante a la Cámara y electa senadora por el partido Conservador, Aida Merlano, quien es solicitada por la Corte Suprema de Justicia con fines de indagatoria, se entregó a las autoridades en medio de la investigación por la presunta compra de votos en los comicios electorales del pasado 11 de marzo.

El llamado del alto tribunal se dio una vez el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias en relación a la información sobre la existencia de ‘la casa blanca’, una vivienda donde, al parecer, funcionaba un comando político desde el que se habría orquestado la compra de votos para la jornada electoral en la que resultó electa senadora para el periodo 2018-2022.

Una vez la Fiscalía registró el lugar, hallaron nueve computadores, cuatro armas de fuego, entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola, de los cuáles solo una contaba con el permiso para portarla.  

También hallaron 268 millones de pesos en efectivo, ubicado en un cuarto destinado exclusivamente para eso. Pero, según la Fiscalía, durante toda la campaña se habrían repartido más de 6000 millones de pesos.

Del mismo modo incautaron documentación, donde se encuentran certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.  

El fiscal aseguró que “tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos, las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante”.  

En medio del registro, el ente acusador capturó a Edwin Rafael, Jefferson Jesús Víloria, Vanesa Víctoria Merlano, María Camila Valencia y Everlin Carolina Díaz, quienes se encuentran con detención privativa de la libertad.

Por estos hechos, el pasado 14 de marzo el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, suspendió por tres meses a la representante a la Cámara y solicitó al partido Conservador que suspenda a la dirigente política y que adelante una investigación interna que lleve incluso a su expulsión.

“El Ministerio Público no puede permitir que una persona que haya incurrido en la compra de votos y la corrupción al sufragante pueda iniciar sus labores legislativas como si nada hubiera pasado. No podemos permitir que llegue al Senado de la República”, indicó en su momento el Procurador.

Días más tarde, el jefe del Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado por medio de una demanda la pérdida de investidura.