La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a la representante a la Cámara y hoy senadora electa Aida Merlano y le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión del proceso administrativo para su elección oficial como senadora. Esto, luego de abrir indagación preliminar por el hallazgo en la sede de su campaña de dineros, armas y códigos de barras para la presunta compra de votos. 

El procurador Fernando Carrillo señaló que igualmente le solicitó al partido Conservador que suspenda a la dirigente política y que adelante una investigación interna que lleve incluso a su expulsión. 

“El Ministerio Público no puede permitir que una persona que haya incurrido en la compra de votos y la corrupción al sufragante pueda iniciar sus labores legislativas como si nada hubiera pasado. No podemos permitir que llegue al Senado de la República, se trata de una votación, de un proceso viciado de nulidad”, señaló. 

Carrillo además indicó que espera que en este caso opere la ‘silla vacía’ y no se pueda reemplazar a Merlano en su curul. 

“Aquí hay un hecho político. Merlano fue elegida como senadora con 73.250 votos, según al Registraduría. La filosofía del artículo 134 de la Constitución es que se aplique la sanción de la ‘Silla Vacía’ y en su momento sostendremos los argumentos jurídicos del caso y que se aplique esa sanción al partido Conservador. Creemos que es inaceptable que un partido, y así lo debe interpretar el partido Conservador, que se acuda a 73.000 votos viciados de nulidad para sumarlos a su caudal electoral”, señaló. 

Ayer el fiscal general Néstor Humberto Martínez compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia en contra de la congresista Merlano luego de las pesquisas en las que se encontraron nueve computadores, cuatro armas de fuego, entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola, y de las cuáles solo una contaba con el permiso de porte. 

También hallaron 268 millones de pesos en efectivo. Pero, según la Fiscalía, durante toda la campaña se habrían repartido más de 6.000 millones de pesos. 

Martínez dijo ayer que “tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos, las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante”. 

Las investigaciones de la Fiscalía pudieron establecer que llevaban una contabilidad detallada en una planilla en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a 40.000 pesos, con un subsidio de 5.000 pesos de transporte. 

Conocida la situación, la Fiscalía capturó cinco personas. Se trata de Edwin Rafael, Jefferson Jesús Victoria, Vanesa Victoria Merlano, María Camila Valencia y Everlin Carolina Díaz. 

Rechazo del Gobierno

El  ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el gobierno rechazó los actos de corrupción electoral que supuestamente cometió en Barranquilla la representante Aida Merlano, durante los comicios del domingo.  

“Nos parece que un mecanismo tan sofisticado para desarrollar actuaciones de corrupción electoral es realmente muy lamentable. Eso sí, queremos destacar la muy buena actuación de las autoridades judiciales que pusieron en evidencia esta terrible práctica. Hacemos un llamado para que  pronto definan cuántas personas son responsables de estos hechos que opacan la jornada democrática que se celebró el domingo”,  señaló Rivera.

El funcionario indicó que en caso de que la representante y senadora electa sea condenada o capturada operaría la figura de la ‘Silla Vacía’, como lo contempla la Constitución.