En tiempos de COVID-19, la pesca ilegal no se detiene. En los últimos días, la armada argentina ha protagonizado espectaculares persecuciones en altamar tras sorprender a barcos pescando ilegalmente al interior del territorio marítimo de ese país. Estos operativos llevaron incluso a la detención de dos embarcaciones: una china y otra portuguesa.

Estos eventos, sin embargo, no son una novedad. Desde hace décadas que el mar argentino es invadido todos los años por barcos extranjeros que buscan capturar calamares gigantes (Illex argentinus). Las naves que cruzan la frontera marítima para pescar ilegalmente, sin embargo, son una mínima porción de la enorme flota pesquera compuesta por barcos de diferentes nacionalidades que operan sin límites justo del otro lado de la línea imaginaria que divide el mar de Argentina de las aguas internacionales. Nadie sabe qué capturan ni cuánto estas embarcaciones que se mantienen durante más de un año en el mar, sin volver ni una sola vez a puerto.

Mientras esas actividades se registran de ese lado de América Latina, en el océano Pacífico científicos y expertos, que trabajan en conservación marina, no ocultan su preocupación frente a las consecuencias que pueda traer la actual reducción de monitoreos a embarcaciones producto de la crisis del coronavirus.

Las trampas para burlar la ley

Los investigadores de Global Fishing Watch detectaron que el Lu Rong Yuan Yu 668, que se dio a la fuga tras ser perseguido por la Prefectura Naval Argentina, tiene el mismo número de identificación que el Lu Yan Yuan Yu 016, otro barco pesquero chino. Esto se pudo establecer a través del servicio móvil marítimo (MMSI) número que permite identificar a las embarcaciones.

“Son barcos gemelos, mellizos y obviamente que esta es una manera de encubrir ilícitos”, señala Milko Schvartzman, especialista en conservación marina de la organización Círculo de Políticas Ambientales, una organización argentina que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental a través de la investigación. Por ejemplo, “mientras una embarcación tiene su sistema satelital encendido, la otra lo tiene apagado y pesca ilegalmente. Entonces, cuando uno dice ¿dónde está este barco? ¿cómo tienen el mismo MMSI? La respuesta es: el barco está pescando legalmente en una zona que no está prohibida”, explica Schvartzman.

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Un informe elaborado por la organización Oceanosanos sobre irregularidades en la identificación de embarcaciones en el puerto de Montevideo señala, además, que numerosos barcos manipulan su identidad transmitida a través del sistema satelital. Según el estudio, el 1% del total de naves transmite una identidad falsa, el 19% apaga su sistema para encubrir ilícitos y el 44% de las embarcaciones chinas manipula la posición GPS que transmite el sistema satelital.

Esta región del Atlántico sur es de las pocas en el mundo que no está regida por ninguna Organización Regional de Ordenación Pesqueras (OROP), organismos intergubernamentales que establecen medidas de conservación y administración de ciertas pesquerías en altamar. Según Schvartzman, “esta es una de las razones por las que esta región es una de las tres o cuatro en el mundo de mayor pesca ilegal del planeta y con mayor concentración de barcos que operan de manera no regulada”.

En opinión del experto, la forma de resolver el problema no es una sola, sino que está conformada por una serie de acciones que deben ser tomadas de manera conjunta y simultánea. “Es importante el patrullaje, pero esa es una parte. Lo que falta es el trabajo diplomático de los organismos internacionales”, precisa. Ello permitiría, por ejemplo “crear un área marina protegida en aguas internacionales con diferentes niveles de restricciones. De esa manera se podría disolver un poco esta gran flota que opera en esta región”. Para eso, aseguran los expertos, es importante que se firme el Tratado sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad en altamar.

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El objetivo de este tratado —que debía firmarse este año pero que ha sido aplazado por la crisis del COVID-19— es crear un marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de los océanos en altamar, es decir, en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Este tratado podría, entre otras cosas, contribuir a detener la sobrepesca y crear áreas marinas protegidas en lugares que, por estar fuera de la zona económica exclusiva de los países, no pueden ser salvaguardadas por ningún gobierno de manera individual.

Pesca ilegal en tiempos del coronavirus

Una de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 es que los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) han disminuido su cobertura de observadores científicos a bordo, es decir, las actividades de pesca están siendo menos monitoreadas.

La razón, según Pablo Guerrero, director de pesquerías del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Ecuador, es que la crisis actual ha provocado que haya limitaciones en los viajes internacionales y, por lo tanto, los observadores no puedan moverse de un lugar a otro. “Para poner gente a bordo de barcos tienes que tener la capacidad logística de mover ese personal. Por ejemplo, si un barco atunero de bandera ecuatoriana está en Panamá, porque llegó a desembarcar allá, hay que enviar a un observador desde Guayaquil o Quito hacia ciudad de Panamá (para que acompañe el barco en su regreso a Ecuador)”, explica Guerrero.

Debido al cierre de fronteras y aeropuertos, mientras dure este período de cuarentena, las OROP han pedido que sean los capitanes de barcos los que llenen con información sus bitácoras de pesca.

Científicos y conservacionistas están preocupados por esta situación. Los observadores cumplen la función de recolectar información científica y de fiscalizar que las medidas de conservación se cumplan, por lo que su ausencia podría dejar la vía libre para las malas prácticas pesqueras.

Un grupo de 19 organizaciones ambientales firmó una carta pidiéndole a la OROP que evite las suspensiones a largo plazo de las medidas de monitoreo, control y vigilancia. «La eliminación de elementos clave de monitoreo como la cobertura de observadores humanos, prohibiciones de transbordo en el mar, inspección de puertos y embarque e inspección en altamar debilitaría los vínculos que mantienen la verificabilidad de las actividades relacionadas con la pesca en toda la cadena de suministro de mariscos», señala la carta.

Aunque las organizaciones precisan que entienden que existen dificultades para “cumplir con los requisitos de cobertura de observadores humanos en este momento, dadas las restricciones de viaje generalizadas en muchas regiones y la preocupación muy real y legítima de que el virus se transmita y luego sea llevado a tierra”, proponen medidas alternativas para evitar que el relajo de la fiscalización traiga consecuencias nefastas.

Algunas de ellas apuntan a priorizar el monitoreo electrónico de embarcaciones, dedicar recursos adicionales al análisis de datos de las señales satelitales de posicionamiento que tienen las naves, aumentar las inspecciones portuarias, entre otras.