Por: Antonio Paz Cardona / Mongabay Latam

Colombia sabe que su Amazonía está en peligro por una deforestación que no para, un problema que ataca sobre todo al arco noroccidental de la región. En 2017, la deforestación de la Amazonía colombiana se duplicó respecto al 2016, al pasar de 70.074 hectáreas perdidas a 144.147. Y el 65,5% de la pérdida de bosque del país se concentró en esta región, según las últimas cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

A pesar de esto, la tala selectiva e ilegal es un tema del que todavía se sabe muy poco en el país y del que se desconocen sus verdaderos efectos. Precisamente, una investigación de la organización Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), titulada ‘Condenando el Bosque’, revela cómo los comerciantes de madera aprovechan el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies prohibidas, en detrimento de los ecosistemas y las comunidades que dependen de los bosques.

“La tala ilegal genera procesos de degradación del bosque que suelen llevar a la deforestación. Además tiene un impacto cada vez más fuerte en la emisión de carbono a la atmósfera”, dice Andrea Johnson, asesora senior de EIA.

El informe presenta los resultados tras un largo trabajo de campo, el análisis de miles de salvoconductos y la aplicación de más de 100 entrevistas con funcionarios de autoridades ambientales, fuerza pública, madereros, líderes locales, comunidades indígenas y campesinas. Una de las principales conclusiones es que casi la mitad de la madera comercializada en Colombia es de origen ilegal.

Madera ilegal de Perú se legaliza en Colombia. Foto: EIA.

Lo que esconde la frontera

En la Amazonía colombiana, entre 2012 y 2017, los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas reportaron la extracción de 359.223 m3 de madera en pie -suficiente para llenar 21 canchas de futbol de la FIFA hasta la altura de la portería con árboles amazónicos-. Por su parte, el Ideam calcula que la tala ilegal representa el 10% de la deforestación del país.

La situación se vuelve más compleja en la frontera de Colombia con Perú y Brasil. Son casi 3.300 kilómetros de límite fluvial y terrestre donde el único punto aduanero oficial es Leticia, capital del departamento de Amazonas. Los puntos de control del Ejército o de Corpoamazonia -la autoridad ambiental regional con jurisdicción en tres departamentos de la Amazonía colombiana- son pocos y su ubicación está espaciada en los puertos principales de los ríos Putumayo y Amazonas. El estudio indica que “cada punto tiene entre 10 y 20 funcionarios para patrullar más de 170 kilómetros de ríos fronterizos y bosques que los rodean”.

Las jugadas de los comerciantes ilegales fueron detectadas principalmente en la frontera Colombia-Perú. Según el informe, los traficantes evaden los controles moviéndose al lado colombiano cuando aparecen las autoridades peruanas y al lado peruano cuando aparecen las autoridades colombianas.

Varias fuentes informaron a EIA que, por ejemplo, la cuenca del río Yaguas es el principal origen del cedro (Cedrela odorata) lavado en Colombia, una especie cuya extracción está prohibida temporalmente en Colombia desde 2015 hasta el 2025.

Hombres en el muelle Hong Kong de Puerto Asís pueden pasar todo el día descargando piezas de madera. Foto: EIA

Los remolcadores que navegan regularmente, a lo largo del río Putumayo, recogen madera de campesinos y comunidades indígenas en ambos lados de la frontera a cambio de bienes y productos, cuyo valor no se compara al de la madera después de negociada. “Sacan los permisos pero no aprovechan en su área, sino que con el salvoconducto y la autorización de aprovechamiento, el remolcador va subiendo y recogiendo madera tanto de Perú como de Colombia”, dice el exdirector para Amazonas de Corpoamazonia, Jhon Jairo Arbeláez, quien explica de esta manera una modalidad para ‘blanquear’ -volver legal- la madera extraída de espacios no autorizados.

Arbeláez asegura que Puerto Nariño y el corredor Tarapacá-Puerto Arica-El Encanto-Puerto Alegría están identificados como lugares donde se mueve madera ilegal, pero la autoridad ambiental solo ejerce control en uno de ellos: Tarapacá. “Nos apoyamos capacitando a Policía y Ejército para que sepan determinar la especie, ubicar la madera y revisar el salvoconducto”, dice sobre las acciones que la institución ha tomado.

Sin embargo, eso no parece ser suficiente, a pesar de que este fenómeno viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Expertos peruanos así lo confirmaron. Rolando Navarro, expresidente del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) y actual miembro del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), recuerda que en mayo de 2013, hicieron varios talleres con comunidades a lo largo del río Putumayo donde les aseguraron que la mayor cantidad de madera extraída en esta zona es transportada y comercializada en la ciudad colombiana de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo. “El precio de madera es igual con documentos oficiales o sin documentos. Además, en esta zona el Estado peruano no tiene mucha presencia, existe escasa participación de la autoridad forestal en control forestal y vigilancia”, afirma.

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