La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que ordene protección inmediata de las comunidades que dependen de la Ciénaga Grande de Santa Marta, quienes no cuentan con garantía mínima de acceso a agua potable y saneamiento básico. 

La petición se dio en el marco de una tutela que estudia la Corte y que presentaron un grupo de pescadores de la ciénaga, la Universidad del Norte y Dejusticia, debido la situación de deterioro ambiental que estaría afectando a la Ciénaga Grande de Santa Marta, declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco. 

En la tutela se reclama que este ecosistema de especial transcendencia ambiental tiene una actualidad preocupante por causa de la ganadería, construcciones irregulares, masiva muerte de especies, entre otras. 

El Tribunal Superior de Santa Marta decidió declarar improcedente esta tutela, por la existencia de otro mecanismo de protección del Tribunal Administrativo del Magdalena por cuenta de una acción popular que se presentó, lo que para el Ministerio Público permite la vulneración de los derechos de la comunidad. 

Por lo anterior, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, pidió a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que estudia la impugnación de la tutela, revocar la decisión y emitir un fallo de fondo. 

El Procurador Blanco alertó que en la zona existen altos niveles de riesgo a la vida, salud y subsistencia de los accionantes, como consecuencia de la falta de redes de acueducto y alcantarillado, mantenimiento y dragado de caños y aprovechamiento excesivo del agua dulce en la parte alta de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

El organismo de control reclamó la intervención inmediata para la protección de los derechos de la comunidad de la Ciénaga o la adopción de un mecanismo transitorio, mientras se resuelve esta acción popular por parte del Consejo de Estado.