Por orden del Tribunal Administrativo de Santander, el Ministerio de Ambiente debe presentar un informe sobre las actividades realizadas durante el aislamiento preventivo obligatorio relacionadas con el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017.

La cartera hoy reportará cuáles han sido los procedimientos y trámites relacionados con el proceso de delimitación de Santurbán que se han cumplido desde que el presidente declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país y el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional, para prevenir la propagación de la COVID-19.

Además, el fallo ordena que, en 20 días, el ministro deberá planear la realización de mesas de trabajo de la Fase de Concertación del proceso.

“Profundizar los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta integrada de delimitación”, recibir y responder las inquietudes de las autoridades municipales e interesados que desde finales del año pasado han venido analizándola”, ratificó el Tribunal.

Las comunidades involucradas en el proceso esperan que con esta nueva fase les permitan plantear sus inquietudes y encontrar una respuesta de manera conjunta. “Nosotros no entendemos la franja de transición y otras cosas de la propuesta del Ministerio. Queremos que nos expliquen, y para eso son las mesas de trabajo, para que nos aclaren esa propuesta y por qué en cada municipio no se tuvo en cuenta la visión territorial”, comenta Ivonne González, vocera de Dignidad Minera.

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La cuarentena no es un impedimento

En 2017, la Corte Constitucional le dio un año al Ministerio de Ambiente para delimitar este páramo. Sin embargo, el Ministerio incumplió el plazo establecido en la sentencia T-361, que finalizó en junio de 2018, y acudió en dos ocasiones al Tribunal Administrativo de Santander para obtener prórrogas.

Una de las órdenes del auto menciona que la utilización de medios tecnológicos no se opone al cumplimiento de la Sentencia, pues sirve para obtener avances sustanciales en la necesaria deliberación participativa en la delimitación del páramo.

En su decisión, el Tribunal destacó que a las reuniones municipales de concertación suelen asistir entre 80 y mil personas, una cifra prohibida dentro de las restricciones actuales para prevenir la propagación del coronavirus. Por eso, los magistrados reconocen que los medios tecnológicos pueden servir para lograr avances importantes en la deliberación participativa, garantizando las condiciones de bioseguridad necesarias para cuidar a las comunidades sin perjudicar su derecho a la participación.

Por su parte, Mayerly López, integrante del Comité Prodefensa del páramo de Santurbán, manifestó su preocupación, principalmente porque “en estas comunidades rurales hay una brecha tecnológica muy grande. No sólo hablamos de Santander sino de Norte de Santander y por ende estas audiencias ambientales públicas de manera virtuales, pueden estar vulnerando la participación de las comunidades. Estos espacios no sólo son de socialización, también de participación que debe ser efectiva y eficaz”.

La líder ambientalista informó que el equipo de abogados del comité está evaluando la decisión Tribunal para interponer los recursos correspondientes evitando que se vulnere el derecho a la participación y se acojan las solicitudes de la Procuraduría de suspender el proceso de delimitación hasta tanto no se supere esta emergencia sanitaria.