El 16 de julio, el Ministerio de Ambiente debe tener listos los ajustes a la delimitación del páramo Santurbán, y a 58 días de que expire el plazo dado por el Tribunal Administrativo de Santander, hay retrasos que generan incertidumbre entre las comunidades, ambientalistas y defensores de los ecosistemas de alta montaña.

Prueba de ello es la presión social liderada desde Santander, con multitudinarias marchas para exigirle claridad al Gobierno Nacional, tanto con los ajustes a la delimitación como con el impacto que causaría el proyecto de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), actualmente en evaluación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, y uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, argumenta que la movilización social -como la registrada el 10 de mayo en Bucaramanga- sigue vigente. “En 2010 y 2011, la sociedad civil liderada por Fenalco Santander frenó la explotación minera a cielo abierto en Santurbán”.

“La consigna es no permitir que se aprueben proyectos mineros por encima de las bocatomas de los acueductos, en Santurbán o en los ecosistemas que lo rodean. La minería jamás tendrá licencia social”.

En la avalancha de críticas a Minesa el principal argumento de la compañía, respaldada por Mubadala Investment Compañy, grupo del gobierno de Abu Dhabi (Emiros Árabes Unidos), es que el proyecto no está dentro del área delimitada en 2014 por el Ministerio de Ambiente (Resolución 2090).

Al verificarse la ubicación del proyecto con el catastro que maneja la Agencia Nacional de Minería (ANM), se aprecia que el área solicitada por Minesa está por fuera de la línea de páramo y curiosamente bordea los ecosistemas delimitados. (Ver mapa)

En esta puja por Santurbán no se puede olvidar el argumento del ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano Picón, quien en 2015 y antes de ocupar este cargo en una columna publicada en el diario El Colombiano afirmó que “el de Santurbán no fue un mapa de páramos hecho para su conservación, sino un mapa hecho también por mineros para su explotación”. 

El proyecto de Minesa, ubicado en los municipios de Califonia y Suratá (Santander), está planteado como una mina subterránea que en 21 años de operación proyecta extraer 9 millones de onzas de oro y de otros metales.

La gerente de relacionamiento de Minesa, Heidy Ovalle, dijo que “el agua se cuida con acciones concretas y que en tres años se han removido 360 toneladas de arenas contaminadas con mercurio, producto de décadas de minería artesanal. Además, se han plantado 86.000 árboles nativos y se han ejecutado acciones con las comunidades para fortalecer los acueductos rurales”.

De acuerdo con Ovalle, el proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental soportado en lo técnico, en la hidrología e hidrogeología de la zona.

Ubicación del proyecto de Minesa (área punteada amarilla). El área verde corresponde al páramo delimitado en 2014. Imagen suministrada por la Agencia Nacional de Minería.

Consultas y concertación

El 27 de marzo el Ministerio de Ambiente dio inicio a la fase de consultas en los 40 municipios que tienen jurisdicción en Santurbán, recibiendo propuestas de las comunidades para articularlas con los estudios del Instituto Humboldt.

A la fecha y según el ministro Lozano, se han recopilado 450 propuestas y están pendientes las consultas en Cúcuta y en Bucaramanga. De acuerdo con el cronograma, para tener listos los ajustes el 16 de julio, la fase de consultas debió terminar el 8 de abril.

En California, esta semana el ministro Lozano dio a conocer que las consultas terminarán en un mes, para pasarse a la concertación con las comunidades.

Frente a los avances y las consultas, Rodríguez-Salah dijo que “encuentro un Ministerio incapaz e ineficiente de expedir una delimitación de Santurbán válida, en términos de bien hecha, para el momento en que se cumpla la prórroga que concedió el Tribunal Administrativo de Santander”. 

Para el accionante la delimitación de 2014 carece de estudios hidrológicos e hidrogeológicos, los cuales no se hacen de la noche a la mañana y son fundamentales para hacer la delimitación de un ecosistema.

“La propuesta alternativa de delimitación que formulamos los accionantes contempla hacer el estudio ecológico y ambiental de la ecorregión de Santurbán y esto incluye los estudios hidrológicos e hidrogeológicos”.

Así, para Rodríguez-Salah, el Ministerio tiene dos vías. Una es hacer la delimitación basados en lo técnico ambiental, con rigor científico, e incluyendo los estudios.

“El ministro Lozano es geólogo y conoce muy bien que sin los estudios hidrológicos e hidrogeológicos la delimitación encaja perfectamente en otro colosal  engaño como es el de la  minería bien hecha en los páramos”.

La segunda vía es imponer una delimitación para favorecer la minería, legalizar los proyectos extractivistas e ir en contravía al derecho al agua que tienen los ciudadanos.

Lo que ocurra en Santurbán impactará directamente en la calidad de vida de dos departamentos y pese a que el ministro Lozano tiene voluntad de concertar, se queda sin tiempo para maniobrar.

En las marchas participan desde niños hasta adultos mayores.

Avances en puntos ineludibles

El Ministerio de Ambiente tiene un convenio con el Instituto Humboldt para avanzar en varios de los puntos ineludibles que ordenó revisar la Corte Constitucional.

De acuerdo con Wilson Ramírez, coordinador del Programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, hace tres meses vienen trabajando en evaluar el área de referencia (línea de páramo), en formular propuestas de reconversión y en el ejercicio de participación ciudadana.

“Lo que nos pide la Corte Constitucional no significa cambiar el modelo de línea, sino ser incluyentes con toda la información que existe para que alimente el modelo. Hemos trabajado con las Corporaciones Autónomas, son más de 20 investigadores revisando información y esperamos a fin de mes tener listo el modelo para entregárselo al Ministerio”.

A la cartera ambiental, de acuerdo con Ramírez, se le entregaron las propuestas de reconversión y de sustitución y se está a la espera del cronograma de concertación.