La Procuraduría General alertó a entidades gubernamentales y locales de San Andrés y Providencia para que fomenten medidas que permitan erradicar de la Isla la destrucción de vehículos, embarcaciones y maquinaria pesada que se convierte en chatarra. 

En una carta enviada a los ministros de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; Ambiente, Ricargo Lozano Picón; Defensa, Guillermo Botero Nieto; a los directores de la Dimar, Mario Germán Rodríguez Viera, y de Coralina, Durcey Stephens Lever, y al gobernador (e) del departamento, Juan Francisco Herrera Leal, el Ministerio Público advirtió que en un término de dos meses las autoridades deben realizar todas las gestiones para poner a disposición los medios de transporte marítimos necesarios para el retiro de la chatarra que viene contaminando los recursos naturales del archipiélago. 

De acuerdo con el órgano de control “es urgente que se fortalezcan los programas de manejo de la chatarra que se encuentra en la isla, así como de salida de estos elementos, siguiendo los protocolos para la recolección y transporte establecidos por la normatividad sanitaria y ambiental, a fin de mitigar los daños al ecosistema que están causando y evitar la propagación de plagas”. 

A juicio del Ministerio Público, la chatarra que no se está retirando oportunamente resulta una afectación permanente y creciente de los recursos naturales, y de aquellos especialmente protegidos como los arrecifes de coral, pastos marinos, playas, bosques de manglar y de importantes recursos hidrobiológicos cuya afectación puede ser irreversible”. 

La Procuraduría recordó que “el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina fue designado por la Unesco en el año 2000 como Reserva de Biósfera Seaflower, debido a las características ambientales, sociales y culturales que reúne, y sostuvo que este reconocimiento conlleva a responsabilidades del Estado en relación con la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética”. 

Así las cosas, lo que preocupa a la Procuraduría es la inobservancia de los anteriores mandatos de la Unesco en el manejo de la chatarra, la cual, expuesta al sol y la lluvia, contamina el suelo, las fuentes superficiales y subterráneas, los acuíferos y el paisaje del archipiélago, al tiempo que las embarcaciones siniestradas y abandonadas en el mar impactan negativamente el ambiente marino y representan un riesgo para las lanchas pesqueras y turísticas.