La presidenta de una asociación defensora de animales en el sur de España fue sentenciada a tres años y nueve meses de cárcel por matar a cientos de perros y gatos, que agonizaron dolorosamente, anunció un tribunal.    

El Juzgado de lo Penal Nº 14 de la ciudad de Málaga condenó además a Carmen Marín Aguilar, de 72 años, a pagar una multa de 19.800 euros al encontrarla culpable de los delitos de maltrato a animal doméstico y falsificación de documento.   

Felipe Barco Gómez, un empleado de 55 años del refugio Parque Animal en Torremolinos, Málaga, donde funcionaba la asociación sin fines de lucro que supuestamente cuidaba animales abandonados, recibió una pena de un año de cárcel y una multa de 3.600 euros por su cooperación en la muerte de las mascotas.   

La sentencia, de fecha 4 de enero pero dada a conocer este lunes, señaló que Marín Aguilar inyectaba productos eutanásicos sin sedar antes a gatos y perros, incluyendo “tanto ejemplares adultos sanos de cualquier raza (...) como camadas de cachorros o hembras preñadas”, mientras Barco Gómez los sujetaba.       

Marín Aguilar usaba una dosis de los medicamentos inferior a la recomendada, lo que, aunado a que la inyección se aplicaba en músculos y no por vía intravenosa, “provocaba al animal, generalmente, una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía”, según la sentencia.   

Los fiscales habían acusado a las dos personas de matar a unos 2.183 animales entre enero de 2009 y octubre de 2010, cuando una inspección del refugio sacó a la luz las muertes.       

Según los fiscales, los animales habrían sido sacrificados para ahorrar costos y privilegiar las actividades privadas lucrativas. 

El refugio operaba también como peluquería, residencia y clínica privada para animales, aun cuando Marín Aguilar carecía del título de veterinario.       

La pareja desconectaba las cámaras de seguridad cuando mataba a los animales y colocaba música en altavoces para enmascarar los aullidos de las mascotas, detalló la sentencia.  

Durante el juicio, tanto Marín Aguilar como Barco Gómez negaron las acusaciones.      

La presidenta de la asociación alegó que ella no podía haber administrado las inyecciones porque les tenía “fobia”.