En al menos 20 de los 58 parques nacionales naturales de Colombia hay presencia de grupos armados ilegales, los cuales se están convirtiendo en una de las mayores amenazas para la biodiversidad del país. 

Desde hace tres años, aproximadamente, el avance de cultivos de coca y de la ganadería y de la minería ilegal se ha movido hacia zonas de alto valor medioambiental como el Catatumbo, en Norte de Santander y la Amazonía.

Según datos entregados por el Sistema de Información Ambiental para la Amazonia Colombiana (SIATC), entre enero de este año y el pasado 24 de febrero se registraron 6.975 puntos de calor (que muestran incendios activos o en alto riesgo de registrarse) solamente en el departamento del Meta.

Aunque no todos tienen que ver con el accionar de violentos, las autoridades locales dicen que 80 por ciento de las conflagraciones son provocadas por manos criminales.

En inmediaciones de esa zona, en el parque Tinigua y en la Serranía de la Macarena, hace apenas 15 días se registraron incendios que tardaron en controlarse por más de una semana y que arrasaron con 150 hectáreas, terrenos que van a necesitar al menos 20 años para recuperar la fauna y flora que se destruyeron por las llamas.

El Ejército es enfático en señalar al narcotráfico como la causa principal de la deforestación en zonas protegidas del país. Seguido de la minería ilegal y, en ese mismo renglón, la ganadería irregular.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, explica que además se presentan hechos violentos como quemas de árboles que se hacen en retaliación en contra de las acciones de la operación Artemisa, que surgió para cumplir la sentencia 4360 de la Corte Suprema, emitida en 2018 y que declara la Amazonía como sujeto de derechos.

“Existen varias razones por las que los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) ejecutan estos destrozos en zonas protegidas, la primera es para ampliar su economía ilegal y la segunda es para contrarrestar las acciones del Ejército y replegarse en la zona”, dice Navarro.

Añade que en este momento, ‘Gentil Duarte’, jefe de las disidencias de las Farc, es el principal deforestador de la Amazonía colombiana porque el tráfico de cocaína se ha convertido en uno de los pilares económicos del grupo armado. Por la ubicación geográfica de su zona de influencia tiene opción de movilizarse a Venezuela y Brasil.

Justamente, esas rutas de tráfico de drogas y armas a esos países vecinos también llevan a que se ataque la biodiversidad, ya que, cómo lo explica el Comandante de las Fuerzas Militares, deben talar árboles para crear las sendas de tránsito a Venezuela y Brasil.

En este sentido, las zonas más afectadas por el tránsito de ilegales son Guaviare, Meta y Caquetá.

Los parques naturales, sitiados

La extinción de la guerrilla de las Farc después de la firma del acuerdo de paz en 2016, dejó un vacío de poder en zonas naturales protegidas. Y aunque excomandantes farianos como ‘Romaña’ también estaban acusados de deforestar para sembrar hoja de coca, denuncias de la Defensoría del Pueblo indican que tras la salida de los guerrilleros, los problemas del medio ambiente aumentaron hasta en 100 por ciento.

“En esos momentos en que no existía el proceso de paz, la deforestación la controlaban las Farc. Los campesinos le informan a uno que ellos les decían que anualmente podían tumbar media o una hectárea y era para sembrar la comida”, indicaron delegados de Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría en 2019, cuando visitaron la zona para hacer evaluaciones medioambientales.

Para poner un ejemplo del impacto de la llegada de disidencias y el ELN a ocupar sitios que estaban controlados por las Farc se pueden comparar las cifras de deforestación cuando las Farc estaban en armas en 2015. 

Para ese año, en el departamento del Guaviare se habían afectado 6.800 hectáreas, mientras que en el año 2017, un año después de que se firmará el acuerdo, la deforestación afectó a más de 38.000 hectáreas.

“Infortunadamente, una vez acabó el conflicto con las Farc, el Estado Colombiano no ocupó lugares muy estratégicos como el de la Serranía de la Macarena. Esos territorios quedaron en manos de los grupos disidentes y de criminales. Lo digo así porque violan la ley permanentemente y tienen interés constante en deforestar en lugares cercanos a los parques. A pesar de que Colombia tiene una Fuerza Pública fuerte, los cultivos de coca en estas áreas han aumentado de forma desmesurada y estamos viendo las consecuencias”, explica el profesor universitario y exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra.

El mismo Ejército confirma que al menos 5% del total de 14 millones de hectáreas de parques naturales están sembradas con coca al comenzar 2020.

El general Navarro señala que la estrategia de los grupos armados, aunque no se especifica cuáles, es pagar $1,9 millones a colonos y campesinos para que se encarguen de tumbar largas extensiones de selva con motosierras.

Después de un mes de que los troncos de árboles talados ya están secos, se les ordena iniciar incendios para despejar más terreno y sembrar coca.

También se conocen denuncias, registradas por DeJusticia, en las que se habla de traslado de colonos desde los departamentos de Caquetá, Arauca y Santander hacia el Meta para ocupar terrenos sin propietarios, como baldíos o áreas protegidas de parques.

Los colonos son impulsores también de ganadería ilegal. De acuerdo con investigaciones hechas en estos sectores, se habla de que en terrenos selváticos y montañosos se necesita el espacio de una hectárea completa, en promedio, para sostener 1,3 cabezas de vaca. Si el terreno es más llano, el terreno se amplía a siete hectáreas.  

A finales de 2019, el hoy exalcalde del municipio de Puerto Rico, en el Meta, denunció la movilización de personas con hasta 800 cabezas de res por la zona montañosa de la zona, alcanzando terrenos en Guaviare.

Aunque la presencia de campesinos en las fronteras de los parques ha sido histórica, en promedio ellos tienen grupos de 12 a 15 reses para su sostenimiento. En el parque natural Tinigua denuncias de la Procuraduría hablan de que solo dentro del parque la Tinigua hay 600 familias con al menos 60.000 cabezas de ganado, lo que significa un terrible impacto ambiental.

Esta situación se hace más grave por los problemas de amenazas a los guardabosques del país.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dice que al menos 20 guardaparques del país han recibido amenazas de los ilegales. Y una denuncia hecha por un antiguo director de esta organización dice que 10 funcionarios ubicados en los sectores de Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya, salieron de allí luego de que hombres armados los amenazaran a principios de este mes.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, afirmó que ser defensor del medio ambiente en el país es arriesgado, debido a los múltiples intereses que hay en la protección de zonas que requieren mayor cuidado, y la incomodidad que genera en algunos grupos particulares.

“Desafortunadamente, no solo los guardaparques han sido amenazados, los miembros del ministerio y de las corporaciones autónomas regionales han sido amenazados. Cuando hemos llegado a algunas zonas del país, nos hemos encontrado con un grave panorama de deforestación”, resaltó Lozano.